Stolbizer: “La minería perdió 6.000 puestos de trabajo”
A partir de esta situación, la legisladora nacional pidió al Gobierno explicaciones por “los motivos del fracaso de una política en el sector”.
La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, solicitó informes sobre la pérdida de 6.000 puestos de trabajo en el sector minero. En el pedido, la legisladora requiere que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, explique “los motivos del fracaso de una política en el sector, tendiente a sostener e incrementar el empleo y la inversión” y que señale “cuáles son los emprendimientos y regiones afectadas por la caída de la actividad”.
“Dado que este gobierno ha otorgado la eliminación de los derechos de exportación, no se entiende porque aún con este beneficio no se ha podido si quiera preservar las fuentes de trabajo”, añadió.
En torno a esto, exige que el Gobierno nacional, a través del ministro, especifique “cuáles fueron los compromisos exigidos a un sector que se ha visto beneficiado por una transferencia de recursos que rondaría los 200 millones de dólares con ello, cuya rentabilidad ha sido garantizada por un régimen de promoción privilegiado en los últimos 30 años”.
En el pedido de informes se pide también que el Ejecutivo señale “las medidas adoptadas para evitar la ola de despidos en el sector y si ha intervenido el Ministerio del Trabajo, a fin de revertir la situación y/o promover la reincorporación de los trabajadores afectados”.
El reclamo de Stolbizer se ve potenciado puesto que las cámaras empresarias amenazan con una mayor reducción de costos en caso de incrementar la carga fiscal, tal como se ha difundido en torno al Acuerdo Federal Minero.
La diputada cuestiona que “no se haya incluido a las comunidades indígenas, en el proceso de deliberación y consulta hacia la elaboración del Pacto Federal Minero, cuyas tierras y territorios ancestrales, y sus recursos resultan afectados por los emprendimientos de la actividad minera. Sobre todo teniendo en cuenta que los compromisos internacionales obligan al Estado argentino a recabar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas”.
A Aranguren se le reclama además, “explique si desarrollan o si se trabaja para generar políticas, lineamientos y programas alternativos, a fin de reconvertir un modelo de explotación extractivista y depredador del ambiente y los recursos naturales”.
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