Crimen organizado: Diputados discute proyectos que buscan endurecer penas y mejorar la seguridad

La Cámara de Diputados realizará una sesión especial este martes para tratar un proyecto de ley destinado a combatir el crimen organizado, con el respaldo del oficialismo y de los bloques opositores dialoguistas. La propuesta no solo endurece las penas para los delincuentes, sino que también aplica a cualquier miembro de la asociación ilícita que participe en el crimen o atentado.

Alianzas políticas para el debate

El proyecto, que cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza (LLA), se incluyó en la agenda tras un acuerdo entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Gabriel Bornoroni, presidente de LLA, solicitó esta sesión especial en la que, además del proyecto contra el crimen organizado, se tratarán la Boleta Única de Papel y una iniciativa sobre la regularización de tenencias de armas y la entrega voluntaria de armamento.

Cambios en el Código Penal

Uno de los puntos centrales de la reforma del Código Penal es el agravamiento de penas para aquellos involucrados en delitos como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas y órganos, así como la tenencia ilegal de armas. La mera pertenencia a una asociación ilícita que cometa alguno de estos delitos podría acarrear penas de 8 a 20 años de prisión o reclusión. La norma también establece que todos los miembros de una organización delictiva serán considerados partícipes necesarios del delito más grave que haya cometido cualquiera de sus integrantes.

El proyecto agrava las penas si los delitos se cometen para intimidar a la población, a autoridades, fuerzas de seguridad o para beneficiar directamente a la organización delictiva. La máxima pena aplicable se impondrá a aquellos que usen violencia o amenazas en nombre de la asociación.

Zonas de investigación especial y facultades de las fuerzas

La propuesta también crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con la intención de agilizar los procedimientos investigativos y operativos del Estado. En estas zonas, las fuerzas de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a sospechosos por hasta 48 horas, mientras que, en casos de delitos transnacionales, la detención podrá extenderse hasta 15 días con autorización judicial.

Además, la ley habilitaría la incautación de bienes vinculados a delitos, allanamientos en cárceles y la inmovilización de activos sospechosos de tener conexión con organizaciones criminales, siempre bajo orden judicial. Las fuerzas de seguridad también podrán interceptar comunicaciones telefónicas y electrónicas, con autorización del Ministerio Público Fiscal en casos urgentes.

Regularización de armas

Otro de los puntos a tratar en la sesión es el proyecto de regularización de tenencias de armas. El mismo permitirá a los ciudadanos que posean armas de uso civil, sin registración o con permisos vencidos, regularizarlas sin recibir sanciones penales. Se otorgará un plazo de un año para realizar estos trámites ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

El proyecto establece que, una vez completadas las verificaciones, los datos del arma y de su poseedor se inscribirán en el Banco Nacional Informatizado de Datos del ANMAC. Aquellos que no sean legítimos usuarios de armas deberán iniciar el trámite de tenencia correspondiente.

Extensión del Programa de Entrega Voluntaria de Armas

Finalmente, se debatirá la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 del Programa de Entrega Voluntaria de Armas. Este programa incentiva la entrega anónima de armas de fuego a cambio de un beneficio económico. Las armas recibidas serán inutilizadas inmediatamente para su posterior destrucción, en un intento por reducir el armamento en manos civiles.