Llueven las críticas a Nación por el millonario alquiler de puentes del Ejército

El enojo y la consternación se apoderaron de Bahía Blanca tras conocerse que el municipio deberá pagar al Gobierno nacional más de 40 millones de pesos por el alquiler de puentes Bailey instalados por el Ejército durante la emergencia del 7 de marzo.

“Al intendente no le quedó otra opción más que firmar y pagar”, explicó Gustavo Trankels, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. “No quiero hacer una apreciación moral de la decisión, pero el dato de la realidad es que con la situación que está la ciudad, no podemos quedarnos sin puentes porque sería un caos”, agregó.

Según los decretos municipales 2188 y 2189, el pago alcanza los 17.670.949 pesos por puente, a lo que se suman unos 8 millones de pesos en mantenimiento y seguro. Los puentes, de 30,50 metros de longitud, están habilitados únicamente para vehículos livianos, con prohibición para camiones y maquinaria pesada.

“Después que nos inundamos tuvimos el problema de que el agua se llevó puentes enteros del canal Maldonado, que cruza la ciudad, y nos quedamos sin conectividad. Entonces el Ejército trajo estos puentes que sirvieron mucho, nos vinieron muy bien, pero a los días nos dijeron que era por la emergencia y si los queríamos mantener debíamos pagar”, relató Trankels.

Tensión con Nación: falta de apoyo financiero

El funcionario remarcó la complejidad de la situación: “Son millones de pesos que tienen que salir del presupuesto de un Municipio en este contexto cuando uno espera otra cosa del Estado nacional, así como lo tuvimos de la Provincia, que estuvo desde el primer día y hoy estamos reconstruyendo la ciudad gracias al acompañamiento del gobernador Axel Kicillof. Esperábamos un gesto de empatía del Gobierno nacional, pero no está sucediendo”.

Las críticas no tardaron en llegar desde la política. El diputado nacional y candidato a renovar su banca por Provincias Unidas, Emilio Monzó, cuestionó: “Después del temporal, el Gobierno tendió 2 puentes para reconectar a Bahía Blanca. Hoy se los alquila al municipio por 17 millones de pesos cada uno. Si no pagan, los sacan. No es solo un tema de obra pública: es cuestión de empatía. Presidente, dé menos recitales y esté más cerca de la gente”.

Por su parte, la diputada provincial del GEN, Natalia Dziakowski, del bloque UCR + Cambio Federal, advirtió: “Bahía Blanca sigue pagando las consecuencias del abandono del Gobierno Nacional. Después del temporal y de perder 18 vidas, el Estado Nacional no solo vetó la ley de emergencia y recortó los fondos, sino que ahora también cobra un alquiler millonario por los puentes de emergencia que instaló el Ejército. No hay federalismo sin justicia territorial. Bahía no necesita discursos: necesita respuestas, inversión y empatía”.

Desde la Municipalidad aclararon que el Ejército no tiene responsabilidad directa, ya que solo acata órdenes del Ministerio de Defensa, actualmente a cargo de Luis Petri.

El presidente Javier Milei había destacado la instalación de los puentes el 14 de marzo, asegurando que el Ejército logró “hacer posible lo que parecía imposible”. Sin embargo, su visita a Bahía Blanca cinco días después del desastre generó reclamos de vecinos: “¡Caretas!”, “¡Vienen para la foto!”, le gritaron mientras denunciaban la tardía reacción del Gobierno nacional.

Emergencia que obliga a invertir y reconstruir

A pesar del pago que debe afrontar el municipio, la obra de reconstrucción llevará aproximadamente un año. Según Trankels, gracias a la emergencia declarada por la Provincia, se pudo acelerar la adjudicación de nuevos puentes y dar inicio a la reconstrucción de calles clave, además de planificar la refuncionalización del canal Maldonado y de ocho puentes adicionales.

“La nueva configuración del canal va a triplicar la capacidad del actual y va a signar los próximos 100 años de la ciudad, por eso será importantísimo tener esa obra materializada”, concluyó Trankels, subrayando que la inversión provincial alcanza los 192 mil millones de pesos, mientras que la municipal deberá afrontar pagos extraordinarios al Gobierno nacional para mantener la conectividad.