Cruces y proyectos en Diputados tras la crisis del fentanilo contaminado
Informes alternativos y pedidos de juicio político reavivan la pelea por la masacre del fentanilo. El Congreso encara reformas urgentes y tensiones al rojo vivo.
El Congreso volvió a quedar en el centro de la escena tras una semana atravesada por revelaciones, disputas internas y documentos decisivos sobre las muertes por fentanilo contaminado, una tragedia sanitaria que sigue sumando definiciones y tensiones.
A días de que la Comisión Especial de Investigación presentara su informe final, distintos bloques expusieron posiciones enfrentadas, mientras se multiplicaron los reclamos de reformas urgentes, responsabilidades políticas y memoria para las víctimas.
La jornada del viernes sumó un movimiento clave: el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto para instituir cada 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”.
El legislador sostuvo que “el 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”.
La iniciativa contempla actos oficiales, publicación anual de un informe sanitario a cargo de ANMAT, jornadas de memoria y prevención en hospitales y universidades, y la actualización permanente de protocolos de vigilancia y trazabilidad. Para Valdés, el objetivo es nítido: “Memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”.
Informes cruzados en el Congreso
El cierre de la comisión especial no aplacó las diferencias entre los espacios políticos. Dentro del Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo presentó un informe propio que cuestiona con dureza el documento mayoritario.
Según reconstruyó a partir de la causa judicial y de decenas de testimonios, existió un “patrón de fallas sistemáticas en la cadena de producción, control y aplicación del fentanilo”, y advirtió que la masacre —que dejó al menos 124 fallecidos según los datos oficiales— se explica por “la colisión entre la lógica del negocio privado y el derecho a la salud”.
Castillo apuntó directamente a Laboratorios Ramallo/HLB Pharma, a la ANMAT y al Ministerio de Salud. Señaló manipulación de registros, advertencias desoídas, continuidad de la producción pese a incumplimientos y falta de rastreo de los lotes contaminados. Sostuvo también que la investigación avanzó por la tarea de los familiares: “Ellos rompieron el cerco de silencio institucional y mediático”.
En diálogo con la prensa, el diputado profundizó las críticas: afirmó que la comisión no logró avanzar lo suficiente sobre las responsabilidades políticas por la falta de tiempo y por la ausencia del ministro de Salud y de las autoridades de ANMAT, citados en dos oportunidades. Reveló que los lotes contaminados fueron dos y que “las instituciones que compraron ampollas se acercan a las 50”.
Exigen sanciones y reformas urgentes
Las tensiones se multiplicaron cuando el bloque Democracia para Siempre presentó otro informe alternativo, reclamando directamente el juicio político al ministro Mario Lugones y la remoción de autoridades de ANMAT. “Hay más de 160 argentinos fallecidos por el fentanilo contaminado, cada una de estas muertes debió ser evitada”, advirtieron.
Según ese texto, el Estado “carece de herramientas para garantizar que cada ampolla llegue en condiciones seguras al paciente” y la masacre “no fue un accidente, sino una cadena de fallas evitables, plagada de ocultamientos, falta de control estatal y registros inconsistentes”.
El informe final de la Comisión, encabezada por la diputada Mónica Fein, confirmó más de 20 reformas urgentes: trazabilidad digital, alertas sanitarias unificadas, auditorías en Buenas Prácticas, sanciones a efectores que no reporten al SISA, incompatibilidades para altos funcionarios de ANMAT y registro obligatorio de lote en la historia clínica digital, entre otras.
Los familiares participaron de cada etapa del trabajo y celebraron el dictamen como un punto de partida. Pero el alerta del documento final fue contundente: “Los mecanismos actuales no permiten asegurar que un hecho como el ocurrido no vuelva a repetirse”.
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