Primera condena por los ataques golpistas del 8 de enero en Brasil: 17 años de prision

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, condenó hoy a 17 años de prisión al primer procesado por el intento de golpe de Estado del 8 de enero y el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia por parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que buscaban derrocar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido sólo una semana antes.
"El plenario del Supremo Tribunal Federal, por mayoría de votos" decidió condenar a "Aecio Lucio Costa Pereira a la pena de 17 años", afirmó la presidenta de la Corte, Rosa Weber, en el primer juicio contra los bolsonaristas que asaltaron el Congreso, la casa de gobierno y el tribunal de justicia.
Pereira fue condenado por los cinco delitos de lo que lo acusó la fiscalía: daños agravados, deterioro del patrimonio público, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación delictiva.
El hombre de 51 años, que había viajado desde el Gran San Pablo a Brasilia y fue detenido luego de depredar el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo con una camiseta con la inscripción "intervención militar ya", también recibió una multa de 30 millones de reales (unos 6 millones de dólares) en concepto de daños morales colectivos, que serán pagados por todos los acusados.
El 8 de enero "realmente no se trató de un paseo por el parque. Fue un domingo de devastación, el día de la infamia", lamentó Weber, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.
El juez relator, Alexandre de Moraes, quien propuso la pena de 17 años, dijo que los manifestantes querían "convencer al Ejército de adherir a ese golpe de Estado" y "estaban seguros de que lo conseguirían".
Moraes mostró un video de Pereira dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión y la incentivaba a través de redes sociales.
El juez dijo que, durante el interrogatorio, Pereira declaró que había estado antes en el Comando Militar del Sudeste, en San Pablo, con un grupo llamado "Patriotas", que pedía la intervención militar y organizó su llegada a Brasilia en enero.
Desde que asumió Lula, el 1 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro habían realizado cortes de ruta y manifestaciones frente a cuarteles militares para pedir una intervención porque consideraban que hubo fraude electoral.
Este jueves, sólo dos de los jueces del STF desestimaron los cargos de tentativa de golpe.
"La deposición del gobierno hubiese dependido de actos que no estaban al alcance de esas personas", argumentó André Mendonça, uno de los magistrados que defendió esta postura, pero igualmente votó por una condena de ocho años por los demás delitos.
La invasión y saqueo a las sedes de los tres poderes, que recordó al asalto al Capitolio perpetrado por seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump el 6 de enero de 2021, se dio exactamente una semana después de la asunción de Lula, que se había impuesto a Bolsonaro en el balotaje del 22 de octubre.
"El objetivo era, mediante el empleo de la violencia, sitiar Brasilia y propagar por el país la práctica de actos criminales, atentatorios contra el estado de derecho", consideró Cristiano Zanin, uno de los jueces del STF.
En Brasil, la corte suprema puede juzgar delitos contra la Constitución, como está ocurriendo con el intento de golpe contra Lula del 8 de enero.
Esta es la primera vez que una corte brasileña juzga a civiles por un intento de golpe de Estado, apuntó el portal G1.
Bolsonaro, que está siendo investigado en varios frentes, está en el punto de mira de la Justicia por su posible instigación de la asonada del 8 de enero.
El exmandatario, que recientemente fue declarado inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, se encontraba en Estados Unidos en el momento de los ataques y negó cualquier responsabilidad.
Esta semana, Lula consideró que Bolsonaro estaba involucrado "hasta los dientes" en el intento de golpe.
"Quieren hacer creer que los acusados estaban paseando por Disney. Los acusados estaban poseídos de un odio irracional, casi patológico", e "impregnados de audacia, de ignorancia, destruyeron bienes públicos sujetos a protección especial, catalogados como patrimonio histórico, como los muebles, alfombras y obras de arte", señaló ayer De Moraes.
Por su parte, el vicefiscal general de Brasil, Carlos Dos Santos, había dicho durante la sesión de acusación que "se buscó derrocar a un gobierno que fue legítimamente electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude en las elecciones"
"Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia", añadió.
Para Santos, el primer juicio contra Pereira -un exempleado de la empresa de saneamiento del estado de San Pablo- representa un "momento clave en la historia brasileña".
La defensa del detenido había pedido que sólo fuera juzgado por destrucción del patrimonio público y no por golpe de Estado, en virtud de que no hubo intención de tomar el poder ya que, según él, no había una cadena de comando.
Además de Pereira, los otros tres juzgados son Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Matheus de Carvalho Lázaro.
La fiscalía presentó 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen el primer condenado y los otros tres que serán juzgados a continuación, de entre 24 y 52 años.
En total, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó 1.390 denuncias contra personas acusadas de participar en el intento golpista. (Télam)