Condenaron a 7 años de carcel en EEUU a un exministro del gobierno de facto de Áñez

Un tribunal de Estados Unidos condenó hoy al exministro de Gobierno de Bolivia Arturo Murillo, que ejerció el cargo durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, a siete años de cárcel por los delitos de soborno internacional y lavado de dinero, proveniente del millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019, informaron autoridades estadounidenses y bolivianas.
El procurador del Estado de Bolivia, Wilfredo Chávez, informó de la sentencia contra quien fuera el hombre fuerte del gobierno de facto de Áñez a través de su cuenta de la red Twitter.
“7 años de prisión para Arturo Murillo”, escribió Chávez.
Murillo fue detenido en mayo de 2021 y alojado en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa de Miami.
Se declaró culpable, como el resto de sus cómplices, Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal.
De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de 5.600.000 para la entrega de gases lacrimógenos y otros equipos no letales al gobierno de Áñez entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Empresario, exdiputado y exsenador, Murillo ganó protagonismo durante 2019 en la etapa previa al golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, señaló un informe de la justicia de EEUU, citado por el sitio del diario Página Siete.
Méndez, el otro boliviano implicado, fue jefe de Gabinete de Murillo y está acusado de ejecutar movimientos bancarios sospechosos por 582.000 dólares.
El Gobierno boliviano había motorizado el juicio civil ante tribunales de EEUU en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio.
El Estado boliviano pretende la devolución del dinero del sobreprecio de 2.300.000 y la reparación del daño causado. (Télam)