Gremio de UPCN rechazo amenaza de cautelar de Milei para frenar concursos en el Estado

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) aseguró hoy que "los trabajadores públicos se deben al pueblo y no al gobierno de turno", y rechazó las afirmaciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien amenazó con presentar una medida cautelar para detener concursos de regularización de contratados estatales.
La conducción de la UPCN reclamó a los candidatos que "se informen y estudien los temas sobre los cuales pretenden emitir juicios y realizar presentaciones, y que entiendan de una buena vez que el Estado nacional no es un botín de guerra".
Un comunicado del gremio que a nivel nacional lidera Andrés Rodríguez repudió la amenaza de Milei respecto de la presentación de una cautelar para frenar los concursos de regularización de personal contratado, y explicó que quienes pueden participar tienen que cumplir "los requisitos para cada categoría prevista en el convenio colectivo".
"No solo esos trabajadores deben cumplir con los requisitos determinados para cada categoría prevista en el convenio colectivo respectivo, y también tener una experiencia laboral en la administración pública de más de 10 años para los no profesionales y superior a los 5 años para los profesionales", detalló.
Además, aclaró que "los concursos cuestionados comenzaron en 2011 para regularizar la situación de los trabajadores contratados bajo la Ley Marco de Empleo Público 25.164, lo que posiciona al Estado ante un incumplimiento que debe ser resuelto".
La UPCN, liderada por el adjunto nacional de la CGT, añadió que esos procesos de selección "se sostienen desde las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y el actual presidente Alberto Fernández", y enfatizó que "la Constitución otorga estabilidad propia a los empleados públicos que se sometan a demostrar su idoneidad".
"Ello implica aceptar los mecanismos de selección que establecen las normas vigentes (convenio colectivo de trabajo), por lo que una elección no es argumento para detener esos procesos en procura de subsanar una injusticia de años en las contrataciones", concluyó. (Télam)