Tres legisladores realizaron la presentación judicial, por entender que “representa una amenaza real e inminente” a la libertad de las personas.
Legislativas21 de diciembre de 2023
Redacción Grupo La ProvinciaLos legisladores rionegrinos del bloque “Vamos con Todos”, integrado por José Luis Berros, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao, presentaron un Hábeas Corpus Individual y Colectivo Preventivo en el Juzgado Federal de Viedma contra el protocolo antipiquetes establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los parlamentarios peronistas aseguraron que “la Resolución Nº943/2023 representa una amenaza real e inminente a la libertad física y ambulatoria y por consiguiente una amenaza de daño real y cierto a otros derechos y garantías constitucionales”.
En ese sentido pidieron que se declare “inconstitucional por violar y lesionar los derechos garantizados” en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley de Inteligencia Nacional, la ley de Ministerios y la ley de Seguridad Interior.
Los legisladores aseguraron que “la resolución de la ministra Bullrich es tan burda, apresurada, improvisada y antijurídica que en aplicación del principio de economía procesal centraremos el análisis y cuestionamiento sólo respecto de algunas normas supralegales, dejando a salvo que se vulneran otras normas constitucionales y leyes reglamentarias”.
Para los legisladores la medida “es represiva, autoriza el uso de la fuerza federal otorgándoles facultades extraordinarias, discrecionales, y sin limitaciones, ni orden judicial, para restringir libertades y derechos de las personas, y vulnera la ley de inteligencia nacional al aplicarla contra ciudadanos y ciudadanas”.
También expresaron que “trata sin más a la protesta pacífica, como si no fuera un derecho, emparentándola con la protesta violenta”.
Según el documento, “este protocolo está cargado de odio, discriminación y prejuicio plasmados en el texto normativo; invade la atribución exclusiva del Poder Judicial de determinar cuándo hay delito y cuándo hay flagrancia, e invade también la atribución del Poder Legislativo de reglamentar de manera razonable el derecho constitucional de petición, reunión y libertad de expresión”.
El grupo legislativo expresó también que “en nada se condice con los 40 años de democracia que estamos celebrando”. (Télam)
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