La fiscalia de Guatemala pidio quitar la inmunidad a tres jueces electorales

El Ministerio Público de Guatemala pidió hoy a la justicia que retire la inmunidad a tres jueces del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluida su presidenta, Irma Palencia, en nuevo capítulo de la tensión que rodea al proceso que debió haber culminado con el balotaje del domingo pasado, informó la prensa internacional.
La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que enviaron misiones de observación a los comicios, reaccionaron denunciando interferencias en el proceso electoral y acoso a los magistrados del TSE y a otras autoridades.
La Fiscalía de Delitos Administrativos acusó a Palencia y a los jueces Mynor Custodio Franco y Álvaro Cordón de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad e implementación de resoluciones violatorias de la Constitución.
La imputación, basada en una denuncia recibida en marzo pasado, se debe a la decisión del TSE de avalar la candidatura de Manuel Baldizón, condenado por lavado de dinero en Estados Unidos, aunque finalmente quedó fuera de la carrera electoral.
La Fiscalía entiende que los magistrados tenían pleno conocimiento de que Baldizón no cumplía los requisitos constitucionales, por lo que pidieron poder iniciar las investigaciones y establecer si existe la comisión de hechos constitutivos de delito, según la agencia de noticias Europa Press.
Tras conocerse la solicitud, la misión de observación de la UE afirmó que el personal del TSE está siendo “acosado” por el Ministerio Público.
“Con independencia del origen de los casos, las solicitudes del Ministerio Público se producen mientras las juntas electorales departamentales realizan las audiencias de revisión de escrutinios de la elección presidencial del pasado 20 de agosto, paso previo a la oficialización de sus resultados por parte del TSE”, dijo la misión de la UE en un comunicado.
Advirtió en el texto que “las interferencias en el proceso electoral que busquen criminalizar a la autoridad electoral amenazan el derecho y la oportunidad de participar en elecciones auténticas y el respeto a la voluntad de los votantes expresada inequívocamente en las urnas”.
“A este acoso se le unen la persecución, hostigamiento e intimidación intolerables contra los más de 125.000 ciudadanos y ciudadanas de Guatemala que ejercieron un compromiso ético y democrático con su país como miembros de juntas receptoras de votos, revisores o digitadores, cuyos nombres fueron solicitados sin que se conozcan los motivos”, agregó.
Paralelamente, la misión de observación electoral de la OEA afirmó en una declaración que la estabilidad democrática de Guatemala está bajo “presión intensa y constante”.
Argumentó que ello se refleja en “intervenciones por parte de distintos actores que buscaron desconocer, retrasar o revertir la oficialización de resultados; intimidar a los órganos electorales y al personal técnico contratado para el proceso; desinformar y plantar dudas en la población donde no existían razones para la sospecha, y, en general, deslegitimar y erosionar el proceso democrático”.
Todo eso provocó “un ambiente de confusión e incertidumbre jurídica”, sostuvo la misión de la OEA en la nota, en la que añadió que “la extrema judicialización del proceso ha colocado a la democracia en Guatemala en una zona de riesgo que no se merecen los ciudadanos de ese país”.
La jueza Palencia informó ayer que había recibido amenazas que prefirió no detallar para no “empañar” el proceso electoral, después de que la magistrada del TSE Blanca Alfaro dijera el domingo, durante los comicios, que estaba recibiendo mensajes con amenazas y que lo mismo ocurría con su colega Gabriel Aguilera.
En el balotaje del domingo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla (MS), se impuso con 58,4% de los votos a la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, que obtuvo 36,8%.
Ayer, dos días después, el vocero de UNE César Romano afirmó que esa fuerza no reconocería el resultado de los comicios hasta “el momento en que todo esté clarificado” con el escrutinio definitivo, pese a que admitió que no tenía noticia de “anomalías” en el proceso.
Arévalo pudo presentarse a la compulsa después de que, pocas semanas antes de la segunda vuelta, el TSE denegara una solicitud del Ministerio Público que buscaba retirarle la personería política al MS. (Télam)