Documental entra En la cancha para el debate sobre los medios de comunicacion

El documental “En la cancha” que el jueves a las 19 se estrenará en el Cine Gaumont mostrando la historia del lujanense canal comunitario PAREStv cuyas transmisiones futbolísticas son bloquedas y judicializadas por Trisa, del Grupo Clarín, implica para la directora del filme, Lucía Maccagno, “una manera de seguir planteando e impulsando el debate acerca de qué tipo de medios y qué tipo de comunicación queremos construir en nuestro país”.
“Esta película en un escenario mediático hiperconcentrado como el actual también trata sobre las deudas que aún existen respecto a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA)”, señala Maccagno a Télam.
La realizadora, integrante del colectivo de dirección de otra emisora comunitaria como es Barricada TV, cuenta en su ópera prima la situación de PAREStv queriendo transmitir de manera gratuita los partidos de los clubes locales, Luján y Flandria, en una experiencia que es impedida por la principal empresa de medios del país.
El conflicto derivó en una disputa judicial por la inacción estatal en reglamentar la ley vigente (26.522, artículos 77 a 80), que establece que la cesión de derechos en el fútbol no puede ser ilimitada y que todos los años debe entregar un listado de acontecimientos (no sólo deportivos) de interés relevante a ser emitidos por televisión abierta.
Por ello, la televisora sigue sin poder darle pantalla a los encuentros que Flandria disputa en el torneo de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.
Desde el 22, “En la cancha” podrá verse los jueves a las 19 Sala María Luisa Bemberg del complejo ubicado en Av. Rivadavia 1635, en el marco de los estrenos de Documentalistas de Argentina (Doca).
Télam: ¿La experiencia de PAREStv podría sentar un precedente jurídico y es eso lo que lleva al holding a seguir bloqueando su tarea en torno a los partidos que juega Flandria?
Lucía Maccagno: Sería un precedente importantísimo para la construcción de una comunicación más democrática y plural. Lo que se está planteando en este caso es que canal pueda reanudar sus transmisiones de manera plena y eso no implica que TyC no lo haga, ya que el canal comunitario tiene una licencia baja potencia lo cual lo habilita a cubrir 11 kilómetros a la redonda desde su antena de transmisión el barrio La Palomita, en donde está ubicado. Esto no implica ningún tipo de perjuicio real para el holding.
T: ¿Puede pensarse al documental como una muestra del accionar de los grupos concentrados en la vida del país?
LM: Totalmente. El caso de PAREStv es un ejemplo paradigmático para tomar dimensión de la lógica de funcionamiento de estos grupos concentrados de medios en nuestro país. Estamos hablando no sólo de un avasallamiento a la libertad de expresión, de la que tanto se ufanan estos mismos medios, sino que también se trata de un avasallamiento al derecho de las audiencias a acceder a estos contenidos. La desmesura en este caso es total: Clarín tiene los derechos exclusivos pero no televisa los partidos por no considerarlos rentables. Es decir, persiguen e intiman a un canal que sí los garantizaba de manera gratuita y abierta para su comunidad, para tampoco transmitirlos.
Esta lógica empresarial mediática de ir por todo puede verse en una cantidad de otros casos. Clarín (así como Telecentro y Directv) se niegan a incorporar en la grilla de su empresa proveedora de cable a los canales que tenemos licencia, aún existiendo resoluciones que estipulan que eso debe ser así. Estos mismos grupos empresarios son los que a través de la cámara que los representa, buscaron frenar en la justicia que los canales comunitarios pudiéramos obtener primero nuestras autorizaciones precarias de transmisión y luego, que se abrieran los concursos para nuestras licencias.
T: “En la cancha” llega hasta 2019 ¿Cambió algo desde entonces a nivel político y judicial en torno a esta disputa?
LM: Los artículos 77 a 80 de la Ley 26522 que son los que se abocan a este tema, siguen estando vigentes, aún después del decreto macrista que barrió con una buena parte de la normativa en el año 2015. Sin embargo, el Estado no avanzó hasta el momento en su reglamentación. El expediente sigue abierto en el ámbito judicial pero tampoco hubo una resolución al respecto.
(Télam)