Casacion ratifico perpetuas en causa Automotores Orletti

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó hoy las condenas contra dos represores por el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres, cometido en septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico militar, e investigado en el marco de la causa conocida como "Automotores Orletti", informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, por mayoría, con los votos de Javier Carbajo y Alejandro W. Slokar, quienes rechazaron los planteos de las defensas de los represores condenados, detallaron los voceros consultados.
Se trata de un caso por el cual el Estado Argentino había sido sancionado por las demoras Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le recordó la obligación internacional asumida frente los crímenes contra la humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado.
El Tribunal de Casación integrado por los jueces Carbajo, Slokar y Angela Ledesma - que votó en disidencia- rechazó los recursos de las defensas de Oscar Roberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone contra las condenas a prisión perpetua impuestas por el asesinato cometido el 26 de septiembre de 1976.
Ambos imputados habían sido absueltos en septiembre de 2017, y la sala cuarta de Casación -con otra integración- había anulado esa decisión y reenviado al tribunal para un nuevo pronunciamiento en febrero de 2019.
Sin embargo, el dictado de esa nueva decisión se demoró debido a que las defensas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras tanto, el caso llegó a la Corte IDH que el 23 de septiembre de 2021 condenó al estado argentino por las demoras en el proceso.
Siete días después de comunicada la condena internacional, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja que había tenido por más de dos años a estudio, lo que permitió que el tribunal oral avanzara en el trámite y finalmente condenara a los exInspectores del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, recordaron fuentes del caso.
En relación a la sentencia que llegó a revisión de Casación, el juez Carbajo resaltó que "los jueces de mérito han llevado a cabo un exhaustivo y pormenorizado análisis de las pruebas e indicios colectados en el expediente para determinar la participación de los imputados en el hecho que culminara con la vida de Julien Cáceres".
Respecto del plan criminal destacó que, "contrariamente a lo invocado por los recurrentes y a lo afirmado por los imputados en sendas declaraciones indagatorias, se advierte que efectivamente existió una planificación para llevar a cabo ese operativo en el hogar de Julien Cáceres."
A su turno, Slokar señaló que el "derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos".
Resaltó a su vez, que "el padecimiento humano por efecto de la violencia y la impunidad sufridos, en razón de los atroces delitos perpetrados por el terrorismo estatal del último régimen de facto, obliga primariamente a atender a los damnificados y procurar la reparación a aquellos auténticos sostenes de la verdad y la justicia".
En su voto, Slokar hizo especial hincapié en el fallo del tribunal internacional por este caso, en cuanto sostuvo "el deber de investigar subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de las personas desaparecidas, pues, si bien se trata de una obligación de medios y no de resultados, sí existe para el Estado una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias para encontrar a la persona".
De acuerdo a la investigación judicial, el domingo 26 de septiembre de 1976, en horas de la tarde, se llevó a cabo un operativo policial y militar en la residencia de la familia Julien Grisonas, integrada por Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite, y sus hijos Anatole Boris y Victoria Eva, ubicada en la calle Mitre 1050, de la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
El procedimiento fue realizado en forma conjunta por múltiples efectivos armados de las fuerzas de seguridad argentinas y uruguayas: por parte de las fuerzas argentinas participaron agentes de la Secretaría de Informaciones del Estado, del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal y personal militar.
Los agentes dispararon contra la vivienda y cortaron la luz eléctrica y las líneas telefónicas del sector; asimismo, desplegaron gran cantidad de vehículos, incluidas dos tanquetas que cortaron el tráfico en ambos extremos de la cuadra.
"Durante el operativo, Julien Cáceres intentó escapar por la parte trasera de la vivienda, pero fue sorprendido por las autoridades. Si bien en un principio se planteó la hipótesis de que se habría suicidado mediante la ingesta de una pastilla de cianuro, se ha concluido que fue asesinado en este hecho, sin que a la fecha se tenga noticia acerca del paradero de sus restos", señalaron fuentes judiciales.
Por su parte, los agentes detuvieron a Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y a los hijos del matrimonio.
"Luego de su detención, Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite fue trasladada a ´Automotores Orletti´, donde fue sometida a torturas y condiciones inhumanas de detención; y a la fecha, se desconoce su paradero. Posteriormente Anatole y Victoria, también fueron conducidos al referido centro clandestino", recordaron fuentes del caso.
"En octubre de 1976 Anatole Boris y Victoria Eva fueron trasladados clandestinamente, vía aérea, a Uruguay, y con posterioridad a Chile, siendo abandonados en la Plaza O ́Higgins de la ciudad de Valparaíso, donde fueron encontrados por las autoridades chilenas, y posteriormente quedaron ´bajo la custodia y cuidado´ de un matrimonio, sin vinculación con el aparato represivo, a cuyo favor se otorgó la ´tuición judicial´", resaltaron los voceros consultados,
La Corte IDH resaltó en su momento que "el contexto en el que ocurrieron los hechos del presente caso tiene relación con las coordinaciones interestatales dirigidas a garantizar la persecución de quienes eran calificados como 'elementos subversivos' en el marco de la 'Operación Cóndor'".
(Télam)