Finalizo la consulta a comunidades indigenas en Salta para cumplir el fallo de la Corte IDH

Miembros de mas de 150 comunidades indigenas de Santa Victoria Este, Salta, participaron entre el 7 y el 10 de mayo de un proceso de "consulta previa, libre e informada sobre el plan de obras y acciones de acceso al agua, delimitacion y demarcacion

Política10 de junio de 2022 Agencia Télam
Miembros de más de 150 comunidades indígenas de Santa Victoria Este, Salta, participaron entre el 7 y el 10 de mayo de un proceso de "consulta previa, libre e informada sobre el plan de obras y acciones de acceso al agua, delimitación y demarcación del territorio", presentado por la Unidad Ejecutora de la Sentencia Lhaka Honhat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), según informó hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
"En seis talleres participativos, con el apoyo de mapas, material gráfico traducido y con la presencia de intérpretes simultáneos en idiomas originarios, la Unidad Ejecutora coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, transmitió las propuestas a los caciques y miembros de las comunidades, quienes intercambiaron opiniones, hicieron aportes a los proyectos originales y finalmente acordaron con la propuesta", se indicó en un comunicado.
El titular de la Unidad Ejecutora de la sentencia Lhaka Honhat, Nicolás Rapetti, evaluó que la consulta constituyó "un hecho político de suma importancia" y manifestó que "en estos días se cristalizó el trabajo de muchos meses en los que desde varios ministerios de Nación estuvimos construyendo esta propuesta, con una participación activa de las comunidades para empezar a dar cumplimiento al fallo de la Corte IDH".
En las jornadas se presentaron los primeros dos ejes del plan que se encuentra en elaboración y Rapetti sostuvo que "esta propuesta, que cuenta con el aval de la Provincia de Salta y del Municipio de Santa Victoria, ahora fue sometida a consulta de las comunidades".
"Se trata de un paso indispensable para asegurar que las obras propuestas respondan a las necesidades en territorio pero además sienta un precedente muy importante en una metodología de trabajo centralizada, que tiene en cuenta de manera contundente la opinión de las comunidades, que son quienes finalmente van a utilizar las obras", manifestó.
El eje Agua, presentado en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, consiste en la construcción de 26 pozos de 200 metros de profundidad, distribuidos estratégicamente en distintos puntos del territorio, redes de distribución desde los pozos a los hogares y más de 800 cisternas de recolección de agua de lluvia, informó la Secretaría de Derechos Humanos en el comunicado.
En tanto, el eje Territorio propone crear y financiar un equipo técnico de 12 personas para trabajar en la delimitación y demarcación del territorio indígena, que es la principal exigencia de los pueblos originarios de la zona.
En ese sentido, señaló que el Estado debe garantizar las condiciones para que los criollos liberen las tierras que pertenecen a las comunidades y otorgarles así un título único.
Todas estas acciones, sostuvo el informe, formarán parte del plan integral de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que ordenó al Estado argentino abordar la situación territorial y socioeconómica de las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat.
En los talleres participó Oscar Minteguía, titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas, que financiará la totalidad de las obras vinculadas al acceso al agua.
La Unidad Ejecutora, en ese sentido, mantuvo esta tarde una reunión informativa en la sede de la Organización de las Familias Criollas (OFC), que contó con la concurrencia de las familias campesinas de Santa Victoria Este, quienes también se verán beneficiadas por las acciones concernientes al agua y el territorio.
El próximo paso, reportó el texto de prensa, es la presentación de estos dos ejes ante la Corte Interamericana de DDHH, con la aprobación explícita de los peticionarios, para que de esta forma el Estado pueda comenzar rápidamente con las obras.
La secretaría recordó que el reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en 1998.
En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio de 400 mil hectáreas que abarcan los exlotes fiscales 55 y 14, con la participación del recientemente fallecido coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado argentino ejecutar aquellos acuerdos, en particular, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas. (Télam)
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