Honduras anuncia medidas para descongestionar las carceles ante hacinamiento

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) firmaron hoy en Tegucigalpa un acuerdo para implementar una serie de medidas que ayuden a descongestionar las cárceles, en momentos en que el país atraviesa una crisis de seguridad y hacinamiento en los recintos penales.
"El desinternamiento de los privados de libertad es importante hasta para quienes cumplen la prisión preventiva, en sus casos eso solo se logra con compromiso de las instituciones y vamos a salir adelante", declaró la presidenta de la CSJ, Rebeca Raquel Obando, que rubricó el convenio con el titular del INP, coronel Ramiro Muñoz, informó la agencia de noticias Sputnik.
El pacto favorecerá a personas privadas de libertad que opten por beneficios judiciales enmarcados en la ley y contempla también el desarrollo de audiencias virtuales, se precisó en el acto protocolar de firma del documento en la sede de la Corte.
"La virtualidad de las audiencias que vamos a implementar con la tecnología adecuada hará que se cumplan los plazos, evitará riesgos de seguridad en traslados y reducirá el gasto de presupuesto y gasto", expuso Obando.
La titular de la CSJ se refirió a casos en los que un privado de libertad no sale de la cárcel por atrasos con un dictamen y subrayó el propósito de flexibilizar los requisitos, y que quienes puedan optar por dicho beneficio lo obtengan de manera rápida.
El coronel Muñoz, también comandante general de la Policía Militar de Orden Público y presidente de la Comisión Interventora en las cárceles, calificó de enorme e histórico el proyecto objeto del convenio.
"En este tiempo de emergencia penitenciaria (...) tenemos la voluntad y el compromiso para solventar la situación de los centros penales y que este proyecto se concrete en su totalidad", indicó el líder del INP.
Lo estipulado en el convenio beneficia a 400 privados de libertad, cifra que más adelante se puede ampliar.
Este convenio se firma dos semanas después de que el Gobierno de Honduras suspendiera el toque de queda que había impuesto en dos de las ciudades más importantes del país, que enfrenta una fuerte crisis de seguridad, tras reportarse una baja en la cifra de homicidios.
Según el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, los indicadores mostraron un descenso significativo del 74% de los homicidios en la ciudad de San Pedro Sula, capital económica del país centroamericano, donde la medida estaba vigente desde el 4 de julio.
El otro núcleo urbano donde había sido impuesta la medida de restricción de movimientos (entre las 23 y las 4) desde el 25 de junio fue Choloma, importante centro manufacturero, escenario un día antes de una masacre que dejó un saldo de 13 muertos.
Por pedido del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, las Fuerzas Armadas hondureñas controlan todo el sistema penitenciario del país por un período de un año desde el 1 de julio.
La mandataria adoptó la decisión luego del motín que el 20 de junio causó la muerte de 46 reclusas en el Centro Femenino de Adaptación Social, cerca de Tegucigalpa, que desató una aguda crisis en el sistema penitenciario, integrado por 25 centros penales.
Una semana después de la masacre en la penitenciaría femenina, la Policía Militar realizó una serie de operaciones en cinco cárceles y decomisó cientos de armas de fuego, fusiles AR-15, AK-47, UZI, pistolas, revólveres, granadas, miles de proyectiles y cientos de armas blancas que, según la institución, habían sido ingresadas por los reos sobornando a los custodios. (Télam)