Condenaron a la carcel a sindicalistas y activistas por conspirar contra Maduro

Seis sindicalistas y activistas sociales fueron condenados en Venezuela a 16 años de prisión, tras ser considerados culpables de "conspiración" contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, informaron hoy organizaciones defensoras de derechos humanos, que rechazaron la sentencia.
Los dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron detenidos en medio de protestas en distintas regiones del país para reclamar aumentos de salarios y mejoras en las condiciones laborales en el sector público.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Justicia denunció en sus redes sociales que todos fueron condenados “a pesar de ser inocentes” por la jueza Grendy Duque.
Esta organización sostuvo además que la fiscalía no presentó "pruebas" suficientes para sostener la acusación y que las condenas se sustentaron en capturas de pantalla y mensajes escritos en Twitter.
El salario mínimo en Venezuela equivale a menos de cinco dólares mensuales, complementado por bonos estatales de alrededor de 65 dólares, reseñó la agencia AFP.
El costo de la canasta alimentaria, en contraste, sobrepasa los 500 dólares por mes de acuerdo con estimaciones privadas, en un país castigado por la inflación.
Los seis condenados se encuentran detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara.
El diario Tal Cual reportó que el sindicalista Negrín y los activistas sociales y políticos Astudillo, Cortés y Meléndez sufrieron procedimientos ejecutados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que “incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento”.
“La única detención que fue ajustada a la `legalidad` fue la del defensor de derechos humanos Gabriel Blanco, gracias a la presión que ejercieron decenas de vecinos del trabajador humanitario y al papel de actores de la sociedad civil, quienes se mantuvieron alerta ante la actuación irregular de los funcionarios Dgcim”, señaló el diario.
La Plataforma Unitaria, que reúne a buena parte de la oposición, rechazó “esta nueva violación de los derechos humanos” en un juicio “plagado de vicios procesales a seis luchadores sociales que estuvieron al frente de las protestas ejerciendo sus derechos y rechazando el instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) durante 2022″. (Télam)