Investigacion militar absolvio al Ejercito y culpo al Gobierno del asalto del 8 de enero en Brasil

Una investigación de la Policía Militar (PM) de Brasil concluyó que esa fuerza no fue responsable del asalto golpista a las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero pasado y señaló "indicios de responsabilidad" de un área de seguridad presidencial, pero la Policía Federal volvió a responsabilizar a los militares, informó hoy la prensa local.
La indagación, que fue abierta para establecer las responsabilidades de los militares que debieron haber protegido el Palacio de Planalto, sede del gobierno, y demás edificios públicos en enero, exculpó a las tropas y señaló a la Secretaría de Seguridad y Coordinación Presidencial dependiente del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI).
También concluyó que si hubiera habido una planificación "adecuada" al inicio del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido una semana antes de los ataques, habría sido posible evitar la invasión o minimizar los daños, según el diario Folha de Sao Paulo.
La responsabilidad sobre la secretaría de la GSI es atribuida de forma genérica, sin mencionar nombres.
La conclusión también cita la sigla DSeg, que corresponden al Departamento de Seguridad Presidencial.
En aquel momento, la secretaría estaba dirigida desde 2021, bajo la gestión del presidente Jair Bolsonaro y el ministro jefe del GSI, general Augusto Heleno, por el general Carlos Feitosa Rodrigues, quien no fue consultado para la investigación de la PM.
Rodrigues se mantuvo en el cargo durante los primeros días del gobierno de Lula por decisión del general Gonçalves Dias, ministro del GSI que renunció en abril tras la divulgación de imágenes que ponían en duda la actuación del organismo durante el 8 de enero.
Esa situación se repitió en el DSeg, donde el director, coronel Wanderli Baptista da Silva Junior, también había sido nombrado por Heleno y mantenido por Gonçalves Dias.
Estaba directamente por debajo de Feitosa en la estructura interna del gabinete.
La investigación militar afirma que, dentro de la GSI, "es evidente" que "la planificación, el despliegue y el empleo" de personal militar "en lo que respecta a las acciones relacionadas con el mantenimiento de la integridad física del Palacio de Planalto y sus alrededores" recae en la secretaría.
El informe señala que correspondía a la DSeg "desencadenar el despliegue" de las fuerzas de choque del Ejército.
También era obligación de la secretaría "buscar informaciones indispensables para la planificación de acciones preventivas" en la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) y en los órganos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, lo que no se hizo.
Por su parte, el director general de la Policía Federal (PF), Andrei Rodrigues, dijo hoy que se tomarán nuevas medidas contra los implicados en los ataques golpistas del 8 de enero.
En un evento en San Pablo, también criticó al Ejército por sus acciones frente a los campamentos que se instalaron en Brasilia a favor de Bolsonaro luego de las elecciones presidenciales de octubre.
Según Andrei, la PF quiso retirar los campamentos dos veces pero el Ejército no lo permitió, y aseguró que el acto golpista "debería haberse evitado ya en diciembre", cuando la corporación intentó desalojar el campamento, pero el Ejército lo evitó.
"Cuando fuimos de nuevo, el 8 de enero, había tanques en medio de la calle, impidiendo entrar a la policía para sacar a esa gente del campamento, así que esto es una secuencia".
"No sólo lo expuse y verbalicé, sino que envié una carta escrita; no soy vidente, pero veo que las cosas suceden, y escribí en ella: 'esta gente tiene que ser contenida en el campamento. No pueden salir porque invadirán el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto'. ¿Qué pasó al día siguiente? No sólo se les permitió salir, sino que esta banda fue llevada a los palacios", dijo el jefe policial.
También dijo que había "complacencia de varias entidades y organismos públicos que mantienen esos campamentos".
El 6 de enero, el GSI predijo una situación de "normalidad" durante el fin de semana.
Abin dice que el exministro de GSI recibió 11 alertas en su WhatsApp desde el 6 de enero hasta el inicio de los ataques.
La investigación, que se abrió el 11 de enero, es de tipo preprocesal, llevada a cabo por los propios militares para evaluar si hay pruebas de un delito militar y quién podría ser el responsable. (Télam)