Organismos de Derechos Humanos presentaron un amparo contra un decreto de Saenz

La Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentaron hoy un amparo para pedir que el gobierno de Salta deje sin efecto el decreto 255/2020, dictado por el gobernador Gustavo Sáenz, que establece sanciones por el incumplimiento de las medidas impuestas por el gobierno nacional, por la pandemia de coronavirus (Covid-19), por entender que habilita a la policía a actuar "sin la intervención del Poder Judicial".
El amparo presentado ante la Corte de Justicia de Salta y que acompañaron también la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los Comisionados electos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sostiene que "la imposición de una pena privativa de libertad como la que establece el DNU 255/2020 de Salta, constituye, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad ambulatoria", se informó en un comunicado.
"Pero, además, se trata de una medida que, por su extensión y por la inmediatez en su aplicación, genera riesgos graves y concretos sobre la seguridad personal, la integridad física y la salud de las personas", advirtieron los organismos.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 255/2020, firmado por el gobernador Sáenz, el 30 de marzo pasado, se creó el régimen excepcional sancionatorio para conductas flagrantes que transgredan las disposiciones dictadas, en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta en el país, por la pandemia del Covid-19, por el DNU nacional 297/2020.
Según señalaron los denunciantes, el decreto del gobierno salteño creó un mecanismo que pone en "manos del jefe de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar la pena de arresto a las y los presuntos infractores, sin la intervención del Poder Judicial para controlar la legalidad de la detención, ni la figura del defensor o defensora".
Es decir, una persona -puntualizaron- puede ser condenada a una pena de arresto "sin haberse podido defender, ofrecer prueba ni controlar la que se presente en su contra; sólo tendría derecho a un recurso judicial una vez condenada, y en ese caso deberá esperar la resolución estando detenida".
Asimismo, indica que la privación de la libertad es una medida "desproporcionada y, al mismo tiempo, contraproducente para la prevención de la Covid-19, ya que implica el encierro en comisarías u otro lugar, que suelen ser espacios reducidos y sin medidas de salubridad e higiene adecuadas".
La acción también sostiene que "la concentración de poder en cabeza de la policía provincial prevista en el artículo 3 del DNU viola la garantía del juez natural y el debido proceso legal, específicamente en lo que hace al ejercicio pleno del derecho de defensa".
Por ello, estos organismos pidieron, a través de la acción presentada, que el Poder Ejecutivo Provincial "se abstenga de aplicar el procedimiento previsto como régimen excepcional en el Decreto de Necesidad y Urgencia 255/2020, porque es contrario a las garantías constitucionales del debido proceso legal y la defensa en juicio y que se declare su nulidad por inconstitucional".
Además del Cels, firmaron el comunicado los distintos organismos que conforman la Mesa de Derechos Humanos de Salta, como la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta,
HIJOS Salta, la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo, y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. (Télam)