La Corte Interamericana analiza el caso de un matrimonio uruguayo desparecido por el Plan Condor

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) analiza en la actualidad la responsabilidad del Estado argentino en la desaparición forzada de un matrimonio uruguayo ocurrida en 1976 como parte del Plan Cóndor, la coordinación represiva que aplicaron las dictaduras militares del Cono Sur.
El caso fue presentado en diciembre pasado ante esta Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según consignó un documento difundido por ese organismo, y se refiere al secuestro y desaparición de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite.
“El caso también se refiere a la falta de una adecuada investigación, sanción y reparación por estos hechos, así como por tortura, desaparición forzada y otras violaciones en perjuicio de Anatole y Victoria, hijo e hija del matrimonio Julien-Grisonas, ocurridas durante un operativo en el que intervinieron efectivos del Ejército y la Policía.
El 26 de septiembre de 1976 se llevó a cabo un operativo policial y militar en la casa de la familia Julien-Grisonas, ubicada en la localidad de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Mario Roger Julien Cáceres, de nacionalidad uruguaya, se había refugiado en Argentina por motivos políticos en 1973 a consecuencia del golpe de Estado en Uruguay.
En 1974 se unieron a él su esposa, Victoria Lucía Grisonas Andrijauskaite y el hijo de ambos, Anatole Boris, que entonces tenía dos años, y más tarde nació en Buenos Aires la segunda hija del matrimonio, Victoria Eva.
El operativo en el cual se capturó a esta familiar estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Policía Federal, con participación también de personal del Ejército.
Mario Julien fue detenido ilegalmente, herido y visto por última vez el día de su captura, aparentemente muerto, tirado en el piso en la esquina de su casa rodeado de militares, y desde ese momento, permanece desaparecido.
Victoria Grisonas fue también detenida ilegalmente, golpeada a plena luz del día frente a su hijo y vecinos, y conducida al centro clandestino de Automotores Orletti, donde fueron recluidos varios ciudadanos uruguayos detenidos en el marco de la Operación Cóndor.
La mujer, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) fue torturada y luego desaparecida, en tanto que sus hijos, Anatole y Victoria, quienes tenían cuatro años y 16 meses de edad respectivamente, fueron detenidos ilegalmente y llevados junto a su madre a Orletti.
Allí permanecieron hasta octubre de 1976 cuando fueron trasladados clandestinamente a Montevideo, Uruguay, y llevados a la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), donde los hermanos permanecieron hasta que se los trasladó clandestinamente a Chile.
En ese país, sus captores los abandonaron en la plaza O´Higgins de Valparaíso, el 22 de diciembre de 1976, y días más tarde se los envió a un orfanato.
Luego de una intensa búsqueda, llevadas a cabo por sus abuelas biológicas, en julio de 1979, se dio con el paradero de Anatole y Victoria
El 2 de agosto de 1979 se firmó un certificado notarial entre la familia biológica y un matrimonio chileno que había adoptado a los chicos de buena fe, y se consintió que los hermanos mantendrían vínculos con su familia biológica.
Anatole y Vitoria fueron así los primeros niños desaparecidos recuperados, mientras aún regían las dictaduras del Cono Sur.
En 2017, la Justicia argentina condenó a dos ex agentes de la Policía Federal Argentina que lideraron el operativo a seis años de prisión como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Victoria Grisonas.
Pero en esa sentencia se absolvió a los ex policías por el delito de homicidio respecto de Mario Julien por “falta de prueba sobre su participación directa”.
El 27 de febrero de 2019 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló dicha absolución por considerarla “arbitraria” y ordenó que la investigación de los delitos cometidos respecto de Anatole y Victoria continúe.
En el informe que la CIDH presentó ante la Corte, se recomendó al Estado “investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Mario Roger Julien Cáceres y Victoria Lucía Grisonas y los delitos que se cometieron en perjuicio de sus hijos, que sufrieron un secuestro y durante tres años estuvieron sus identidades adulteradas. (Télam)