La ONU alerta sobre la militarizacion de la seguridad publica en Honduras

La ONU expreso hoy su preocupacion por la "militarizacion de la seguridad publica" en Honduras, dos dias despues de la prolongacion del estado de excepcion que rige en el pais para combatir la delincuencia.

Mundo07 de julio de 2023 Agencia Télam
La ONU expresó hoy su preocupación por la "militarización de la seguridad pública" en Honduras, dos días después de la prolongación del estado de excepción que rige en el país para combatir la delincuencia.
"Reconocemos que es urgente atacar los actuales niveles de violencia en el país, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles", declaró Marta Hurtado, vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en una rueda de prensa en Ginebra.
"Pero estamos extremadamente preocupados por el hecho de que algunas de las medidas que han sido adoptadas podrían conducir a violaciones de los derechos humanos", alertó.
El estado de excepción fue originalmente decretado el 6 de diciembre de 2022 "en virtud de la grave perturbación de la paz (...) ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados", como las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
Esta medida, dice el Alto Comisionado en un comunicado, "permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en la ejecución de labores de seguridad pública" pero "deroga el derecho a la libertad individual, la libertad de asociación, de reunión y de movimiento".
El Gobierno de Xiomara Castro prolongó el 5 de julio por 45 días más este estado de excepción.
Las autoridades habían anunciado el 21 de junio que el mando y el control del sistema penitenciario eran transferidos a la policía militar, según la ONU.
Esta decisión fue tomada tras la reyerta en una cárcel de mujeres entre bandas rivales en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que dejó 46 fallecidas entre las detenidas, según Hurtado.
"Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras", indicó, y según las primeras informaciones de la ONU y ONGs, "los detenidos, especialmente los que están asociados a pandillas, fueron golpeados y recibieron patadas por parte de la policía militar".
Otros detenidos fueron privados de sueño y su comida y bebida fue reducida, lo que, según Hurtado, puede ser considerado como "malos tratos", según recogió la agencia de noticias AFP.
La ONU considera que "el sistema penitenciario tiene que estar bajo control civil", en el marco de una estrategia para combatir las causas profundas de la violencia.
"Instamos a las autoridades a garantizar una vigilancia interna y externa de las operaciones militares en las cárceles (...) para prevenir la violación de los derechos humanos", reiteró Hurtado.
La situación pone en alerta a la ONU, después de que una política similar fuera puesta en práctica en el Salvador para combatir la violencia de las pandillas en marzo de 2022.
Este régimen de excepción, que fue ampliado mes a mes, implicó la pérdida de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos y la presencia masiva de militares y policías en la calle.
A partir de ese momento, decenas de miles de personas fueron detenidas sin orden judicial, sin que se le informaran los motivos, y quedaron incomunicadas y sin derecho a la defensa durante el plazo de aprehensión provisional, que se modificó extendiéndose de tres a 15 días.
Human Right Watch (HRW) y la ONG local Cristosal afirman que hubo arrestos arbitrarios masivos y han documentado casos de desapariciones forzadas, de tortura en detención y entre 90 y 106 muertos bajo custodia, un número que varía de acuerdo a lo que dice el Gobierno y las ONGs.
(Télam)
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