La campaña por la presidencia de Bolivia esta cruzada por internas y acusaciones judiciales

El escenario en que se desarrollará la campaña para elecciones presidenciales de Bolivia del 3 de mayo muestra al MAS en medio de una fuerte interna por el descontento de sectores de base con la candidatura de Luis Arce frente a un oficialismo que también está dividido pero con el gobierno decidido a perseguir judicialmente por “terrorismo” a los referentes del partido de Evo Morales.
Los indicios de que parte de la estrategia del gobierno de facto de Jeanine Áñez se apoya en el Poder Judicial son varios.
El último sábado, un día antes de que un congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) designara la fórmula Arce-David Choquehuanca, para intentar recuperar el gobierno que Morales ejerció durante 14 años consecutivos, el Ministerio Público anunció que ampliará la investigación a funcionarios de ese gobierno, entre ellos al flamante candidato presidencial.
La causa se orienta al supuesto desvío de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) e involucra también al anterior ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, fue un paso más allá e informó que el gobierno impulsa la investigación de otros tres ministros de la administración Morales por el presunto lavado de dinero con poderes emitidos por una escribana de La Paz.
Se trata de Quintana (Gobierno), Javier Zavaleta (Defensa) y César Navarro (Minería), quienes, según Coímbra, lograron transferir montos de dinero y propiedades a nombre de terceras personas.
Coímbra dijo que “estos movimientos económicos causan preocupación al gobierno, pues el dinero, cuya procedencia es sospechosa, luego de ser blanqueado podría financiar actividades terroristas, cargo por el cual están procesadas varias ex autoridades del MAS”, según el diario paceño Página Siete.
En la misma línea, Áñez brindó hoy un mensaje al país en el que hizo un recuento de los "innumerables" presuntos casos de corrupción cometidos por la gestión de Morales y mencionó media docena de actos “terroristas” de militantes del MAS que se habrían registrado tras la renuncia de Morales, el último 10 de noviembre.
El MAS rechazó ese informe y lo calificó de "descabellado".
Según el actual gobierno boliviano, el 12 de noviembre hubo un “ataque terrorista” a un gasoducto en Carrasco, Cochabamba, aunque no describe en qué consistió ni cómo llegó a esa calificación.
El 19 de noviembre, “los grupos de choque partidarios de Morales -con apoyo de extranjeros- cometen un atentado terrorista contra el depósito de combustibles y gas de Senkata" y "su finalidad era generar una explosión del depósito que habría provocado una catástrofe”, añadió entre otros hechos el reporte.
También calificó el informe como “acción terrorista” que partidarios del MAS “sembraron terror en El Alto, La Paz y Cochabamba por medio del saqueo e incendios contra instalaciones y vehículos de la Policía”.
El gobierno, además, incluyó en esta lista la detención de “un miembro de las FARC” colombianas, que habría entrenado a militantes del MAS.
Se trata del argentino Facundo Molares, de 44 años, que efectivamente integró las FARC hasta que se firmó el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, en noviembre de 2016, y cuyos familiares denunciaron que fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Cochabamba, tras lo cual sufrió una insuficiencia renal aguda que obligó a internarlo en el Hospital Japonés de esa ciudad, donde se le provocó un coma farmacológico y se lo mantuvo esposado a la camilla.
Facundo Molares fue trasladado, a pesar de su estado de salud, y alojado en el sector de máxima seguridad de la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, acusado en una causa colectiva junto a dirigentes y militantes del MAS.
El padre del detenido, Hugo Molares, dijo a Télam que su hijo recibía un trato "inhumano" y, mientras se hacen gestiones para su liberación, señaló que teme "por su vida", tanto por su estado de salud como por "el medio hostil" donde se encuentra.
En este marco, mientras los dirigentes del MAS afines a Morales negocian con los sectores campesinos e indígenas de la Unidad Popular para alcanzar una unidad que aún parece lejana, el gobierno de Estados Unidos anunció que designará un embajador en Bolivia, a más de 11 años de la expulsión de Philip Goldberg.
El anuncio lo hizo el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hale, en un encuentro con la mandataria interina, en La Paz. (Télam)