El hecho que llevo a prohibir alojar adolescentes en comisarias bonaerenses

La "Masacre de Quilmes", a raíz de la cual cuatro jóvenes murieron al incendiarse la comisaría primera de esa localidad bonaerense en 2004, llevó a las autoridades a cargo del área de Seguridad provincial a prohibir el alojamiento de adolescentes en dependencias policiales de la provincia.
La decisión fue tomada por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, tras el motín seguido de incendio que iniciaron 17 chicos que habían sufrido torturas policiales en los calabozos de la seccional, cuatro de los cuales murieron.
A través de la resolución 1623/04, del 29 de octubre de 2004, se prohibió a la policía "realizar detenciones de menores que fueren motivadas en razones asistenciales" y, en caso de que fuera por algún delito, deberán ponerlos "inmediatamente a disposición del Juez competente y derivarlo a dependencias que por ley estén específicamente destinadas para el alojamiento de aquellos".
La normativa fue dispuesta nueve días después del episodio ocurrido el 20 de octubre de 2004, cuando policías ingresaron a las celdas donde se alojaba únicamente a 17 jóvenes, siete de ellos en un calabozo y los restantes en otro.
Los policías los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una "práctica sistemática", según declararon en el juicio varios testigos, quienes añadieron que los detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados "apostaban" a ver quién ganaba.
Esa noche, un oficial le dijo a Diego Maldonado (15), una de las posteriores víctimas del incendio, que su hermanita de dos años había muerto -lo cual era falso- por lo que el joven empezó a gritar para que lo dejaran salir e ir con su familia, lo que derivó en el motín e incendio a raíz del cual también murieron Elías Giménez (15), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).
El 19 de octubre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 quilmeño condenó a 10 policías a penas de entre 3 y 19 años de prisión.
Pero en 2018, la sala III del Tribunal de Casación Penal dispuso el reencuadre legal de las penas al quitar agravantes y poner como atenuante "el excesivo paso del tiempo en la sustanciación del proceso penal".
Por tal motivo, el tribunal dictó nuevamente sentencia y aplicó penas levemente inferiores a las del primer juicio.
El entonces jefe de la seccional, comisario Juan Pedro Soria, que había sido condenado en 2015 a 10 años por "estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos", fue condenado a 6 pero sólo por torturas.
El oficial inspector Fernando Pedreira recibió una pena de 16 años de cárcel -3 menos que en 2015- por "vejaciones y torturas en concurso real"; mismo delito por el que el cabo Hugo Daniel D´Elía fue condenado a 9.
En tanto, el subcomisario Basilio Vujovic, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión; los agentes Franco Manuel Góngora y Gustavo Daniel Altamirano a 3 años y un mes; y la agente Elizabeth Fernanda Grosso, a 3 años y 3 meses, todos por "vejaciones".
Asimismo, por "apremios ilegales" los oficiales Gustavo Humberto Ávila y Héctor Jorge Rubén Gómez recibieron una pena de 3 años de prisión que ya fueron purgados; y el oficial Juan Carlos Guzmán, de 7.
Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron a Télam que el excomisario Soria fue cesanteado de la fuerza en octubre de 2007, junto con el subcomisario Vujovic, el cabo D´Elia y el oficial Guzmán.
En tanto, el oficial inspector Pedreira fue exonerado al igual que Héctor Gómez el 18 de octubre de 2010.
Por su parte, Gustavo Altamirano y Elizabeth Grosso estuvieron 60 días suspendidos en 2007 y llegaron al juicio en funciones, pero desde febrero de 2016 fueron pasados a disponibilidad, al igual que Gustavo Ávila, indicaron las fuentes.
Por último, Franco Góngora renunció a la fuerza en julio de 2007.
La oficial Romina Guaquinchay, señalada por haber estado presente en la seccional mientras sucedieron los hechos y que será sometida a juicio en un próximo debate por "omisión de evitar tortura", sigue en funciones. (Télam)