Periodistas peruanos se movilizan contra propuesta legislativa para aumentar penas por difamacion

Los periodistas peruanos, a traves de organizaciones gremiales, comenzaron hoy a ejecutar acciones contra un proyecto de ley que aumenta las penas por difamacion, que avanza en el Congreso pese a que

Mundo12 de mayo de 2023 Agencia Télam
(Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) Los periodistas peruanos, a través de organizaciones gremiales, comenzaron hoy a ejecutar acciones contra un proyecto de ley que aumenta las penas por difamación, que avanza en el Congreso pese a que diversos sectores lo definen como una intimidación contra la labor profesional, en medio de diversas denuncias periodísticas contra legisladores.
El proyecto, que establece multas y aumenta de dos a cuatro años la cárcel para una presunta difamación, “es claramente un amedrentamiento a la prensa, que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por congresistas”, afirmó Roberto Pereira, abogado del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
Las acciones gremiales van desde concentraciones frente a la sede del Congreso hasta un pedido formal para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte objete la medida en caso de que, como se teme, sea aprobada por el Legislativo en una segunda votación prevista para la próxima semana.
“Este proyecto pretende darles un escarmiento a los periodistas. He escuchado a varios congresistas que dicen que no tiene nada que ver con la actividad periodística, que no va a afectar a la libertad de prensa, y me pregunto si han leído el dictamen”, comentó la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laines.
“Hemos analizado a profundidad y el dictamen hace al menos tres menciones expresas al trabajo periodístico en medios de comunicación, en redes sociales, en páginas web. Hay un empecinamiento que no comprendemos”, agregó Laines en la radio RPP.
Partidos de derecha como Renovación Popular (RP), de centroderecha como Acción Popular (AP) y de izquierda como Perú Libre (PL) apoyan el proyecto, aprobado en primera ronda por 69 votos contra 28.
La ANP, el IPYS, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión encabezan la lucha contra el proyecto, que avanza en un contexto en que los medios denuncian a diario irregularidades cometidas por un Congreso, rechazado por hasta 90% de la ciudadanía, según las encuestas.
Los destapes más recientes, que involucran a diferentes partidos, tienen que ver con la exigencia de que trabajadores de la institución cedan obligatoriamente parte de sus salarios a los congresistas que los contrataron.
El periodismo ha denunciado además el derroche de gastos, la mala utilización del derecho a pasajes aéreos, el uso para fines personales del tiempo que debería estar dedicado a labores de representación, la concreción de beneficios indebidos y varias figuras más que contribuyen al dramático desprestigio de ese poder del Estado.
En la actualidad, cerca de 150 periodistas enfrentan procesos por presunta difamación, impulsados en varios casos por líderes políticos, aunque también por diferentes instituciones y personas que han sido objeto de denuncias periodísticas.
Los casos más conocidos son los de Cristopher Acosta, denunciado por el gobernador del departamento de La Libertad, César Acuña, por una biografía no autorizada, y de los reporteros Paola Ugaz y Daniel Yovera, hostigados judicialmente por destapes en torno al grupo católico ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana.
Ugaz, denunciante de casos de abuso sexual y presunto manejo irregular de bienes en el Sodalicio, ha recibido apoyo incluso del papa Francisco, en medio del acoso impulsado por la organización religiosa que cuenta con varios adeptos en las clases altas.
Pero, como recordó y documentó Laines, hay cerca de 150 más, en los que personas afectadas por las revelaciones periodísticas recurren a los tribunales para castigarlas.
Las bancadas situadas más a la derecha y la izquierda en el Congreso, RP y PL, respectivamente, están a la vanguardia de la iniciativa, de la que aseguran que no tiene como objetivo establecer parámetros en el trabajo periodístico.
“Así como en el Congreso hay delincuentes, puede que entre los periodistas haya infiltrados”, justificó el parlamentario de ultraderecha Jorge Montoya, almirante en retiro que ha sido objeto de varias denuncias de prensa y que figura entre los más activos impulsores del proyecto.
“De ninguna manera (pretendemos evitar las denuncias). Las felicitamos. Particularmente, pido que se hagan las investigaciones”, señaló por su parte otro impulsor, Illich López, de AP, cuyas supuestas prácticas de corrupción han generado numerosos reportajes.
Según el diario limeño El Comercio, 25 de los 69 congresistas que aprobaron el proyecto en la primera votación tienen abiertas investigaciones formales en contra en la Fiscalía, la mayoría por casos puestos sobre el tapete por el periodismo.
La presidenta del CPP, María Eugenia Mohme, advirtió que el gremio no pretende impedir que se castigue a periodistas que pudieran incurrir en malas prácticas, pero recordó que ya hay una legislación vigente, por lo que la propuesta de ampliar los castigos tiene en su opinión ánimo intimidatorio.
Si el Congreso aprueba el proyecto en segunda y definitiva votación, queda la posibilidad de que el Gobierno lo objete. Por ello, la ANP, el CPP y el IPYS ya han comenzado gestiones en esa vía, sin que hasta ahora el Ejecutivo fije una posición.
“El gobierno está haciendo un seguimiento especial a este debate parlamentario y, como un seguimiento respetuoso, esperamos la decisión del Congreso para manifestar nuestra opinión”, anticipó el primer ministro, Alberto Otárola.
“Desde el punto de vista personal, creo que la mejor ley de prensa es aquella que no existe”, agregó Otárola.
Sin embargo, la supuesta dependencia de Boluarte respecto a las fuerzas que controlan el Congreso hace que analistas vean con escepticismo una posible intervención gubernamental.
Según un informe de hace una semana de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, Perú descendió en los últimos meses 33 puestos en el ranking de libertad de prensa, por factores que incluyen acciones amedrentadoras.
Por ejemplo, de acuerdo con el CPP, más de 170 periodistas fueron agredidos por distintos operadores entre diciembre y febrero en el marco de las protestas contra Boluarte. (Télam)
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