La querella que representa al municipio de Avellaneda pidio se amplien imputaciones

La querella que representa al municipio de Avellaneda, sede de la Brigada policial donde funcionó el excentro clandestino conocido como "El Infierno", solicitó hoy al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata se amplíen las imputaciones para los represores que son juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese excentro y otras tres brigadas policiales.
Se trata del juicio denominado "Brigadas", por los excentros que funcionaron en la Brigada de Quilmes, la de Banfield, la de Lanús y la de San Justo durante la última dictadura militar, debate a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico.
Entre las más 600 víctimas que pasaron por esos cuatro excentros clandestinos están los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices y el de Cristina Navajas, quien fue secuestrada embarazada y dio a luz en cautiverio a un niño que recién recuperó la identidad este 29 de julio último, convirtiéndose en el nieto recuperado número 133.
El TOF 1 juzga al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Luis Horacio Castillo y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío, Alberto Condiotti y Juan Miguel Wolk.
Durante esta jornada, Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos de Avellaneda y querellante en esta causa en representación de víctimas que estuvieron cautivas en "El Infierno", expresó su adhesión al pedido de ampliación de las imputaciones para 12 de los 15 represores que planteara el 5 de septiembre último la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad de La Plata.
"Adhiero a la ampliación de la fiscalía y a las imputaciones por los delitos ocurridos en la Brigada de Lanús y en el Pozo de Banfield", expresó y destacó que "diversas víctimas que pasaron cautiverio en 'El Infierno', sin distinguir sexo, han sido víctimas de delitos sexuales, delito aberrante y de lesa humanidad".
"'El Infierno' está situado en el centro de la ciudad de Avellaneda y, sorpresivamente, no levantó sospechas en el vecindario donde está enclavado, pero quedó probado en este juicio que las víctimas eran sometidas a torturas físicas e interrogatorios inhumanos", detalló.
Precisó que "los detenidos en muchos casos fueron liberados desde ese lugar; en otros casos fueron trasladados a otro centro y otros aún permanecen desaparecidos".
"Tristemente se probó la conexión entre El Infierno y el cementerio municipal, donde en el sector 134 el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses halló a víctimas enterradas como NN", recordó.
Destacó la invisibilización de los casos de abusos sexuales y violaciones ocurridos en excentros clandestinos por lo que remarcó que "es importante ampliar estos casos y traer estos relatos a este juicio".
"Pedimos se amplíen las imputaciones sobre los abusos sufridos por dos víctimas de La Noche de los Lápices: María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone, que siguen desaparecidas", apuntó.
Además, el abogado pidió se amplíen la imputaciones por los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por ser funcionarios públicos, por mediar violencia y amenazas, en concurso real con allanamiento ilegal para más de 30 víctimas.
El secretario de Derechos Humanos de Avellaneda también adhirió al pedido de la semana pasada de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, de considerar como víctimas a los niños y niñas que estaban presentes cuando las fuerzas represivas secuestraron a sus padres y fueron dejados solos en sus casas o en manos de vecinos.
"Eran víctimas presentes al momento de la realización de los operativos", sostuvo Yacoy.
El presidente del TOF 1, Ricardo Basílico, informó que tras haberse oído a todas las querellas sobre sus pedidos de ampliación de las imputaciones, se pasará el próximo 10 de octubre a la etapa en las que las defensas de los imputados harán su descargo.
El 5 de septiembre último, la Unidad Fiscal Federal de La Plata, pidió se amplíen las imputaciones para 12 de los 15 represores, con la incorporación de 16 casos de violencia sexual y varios homicidios que se conocieron durante este debate.
En su exposición, Oberlin, destacó que "estos crímenes son imprescriptibles y se pueden juzgar hoy porque afectan un bien jurídico: no hay una pluralidad de víctimas en los crímenes de lesa humanidad. Hay una sola víctima, que es la humanidad. Son crímenes contra la humanidad".
Consideró que "diferir el juzgamiento de estos hechos para volver a debatirlos en un juicio posterior, es sin dudas un dispendio enorme, además de una forma de revictimización notoria".
Con respecto a la incorporación de 16 casos de violencia sexualizada sostuvo que "no es opción aplicar la perspectiva de género en estos hechos, es una obligación y nos hacemos cargo de esta obligación y vamos a ampliar la imputación de estos hechos de violencia".
Oberlín hizo un relato de cada una de esas 16 víctimas, 13 mujeres y 3 hombres, durante su cautiverio en los mencionados excentros clandestinos.
En los relatos se aludió a manoseos, violaciones y violaciones durante la tortura, con la introducción en el ano y la vagina de hierros o cucharas a través de las cuales les pasaban corriente eléctrica.
Ese mismo 5 de septiembre, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que se amplíen las imputaciones contra el exministro Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Federico Minicucci , Luis Horacio Castillo , Jorge Berges y Carlos Fontana por el delito de "retención y ocultamiento de un menor de 10 años" en perjuicio del hijo de Cristina Navajas cuyo caso ya se ventila en este juicio.
Se trata del nieto 133 recuperado a fines de julio último, hijo de Cristina y Julio Santucho.
Sostuvo la abogada que su aparición y la recuperación de su identidad "es inescindible de la privación ilegítima de la libertad que sufriera su madre en el Pozo de Bánfield".
"Cristina siempre estuvo bajo la órbita de los imputados durante su cautiverio en el Pozo de Banfield. Fue vista ingresando embarazada en diciembre de 1976 y otros sobrevivientes la vieron en abril de 1977 ya sin su hijo", afirmó.
La semana pasada, la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidió que se impute a los represores que son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar por más de 50 niños y niñas que fueron encerrados en sus casas o abandonados en ellas tras el secuestro de sus padres por parte de grupos de tareas militares.
"Se trata de niños y niñas que sufrieron la privación ilegal de su libertad durante el tiempo de desarrollo del operativo, cuyas propias casas fueron usadas como espacios para aplicar torturas físicas y psicológicas, y que en muchos casos quedaban solos en esas casas tras llevarse a sus padres, o eran entregados a vecinos", detalló la abogada Verónica Bogliano, de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. (Télam)