Advierten sobre los desafios que afrontara la aplicacion de la Ley de Gondolas

Empresarios de grandes empresas formadoras de precios y del sector supermercadista advirtieron que la Ley de Góndolas, que podría sancionar el Senado esta semana, deberá sortear probables planteos respecto de su constitucionalidad, mientras su aplicación efectiva estará supeditada a que se garantice la nueva oferta.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría el miércoles pasado un texto de consenso en el marco del Programa Nacional de Competencia Minorista también conocida como "Ley de Góndolas".
La iniciativa apunta a lograr precios transparentes y competitivos que beneficien a los consumidores; mantener el equilibrio entre los operadores económicos; ampliar la oferta de productos de micro, pequeñas y medianas empresas; y fomentar la oferta de productos de la agricultura familiar, campesina e indígena.
La futura ley se aplicará a supermercados, autoservicios de productos alimenticios y no alimenticios, cadenas de negocios minoristas, organizaciones mayoristas de abastecimientos y centros de compras.
Quedarán exceptuados aquellos agentes cuya facturación sea equivalente a la categoría de MiPyMEs y los productos alcanzados serán alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar.
La exhibición en las góndolas de un proveedor o grupo empresario no podrá superar el 30% del espacio que comparte con productos de similares características, y la participación deberá involucrar al menos cinco proveedores o grupos empresarios.
Deberá garantizarse además la presencia de un 25% en góndolas para productos PyMEs y un 5% adicional para productos originados en la agricultura familiar, campesina o indígena y los sectores de la economía popular.
En las islas de exhibición y líneas de caja deberá haber una presencia de al menos 50% de productos elaborados por PyMEs, mientras el porcentaje de presencia de productos importados será determinado por la autoridad de aplicación.
Los abogados de las cámaras que agrupan a las grandes empresas y a los supermercadistas no descartan que varios aspectos de la Ley de Góndolas sean cuestionados ante la Justicia, aunque en ese sentido se aguardan las precisiones que se den por vía reglamentaria.
Por ejemplo, el plazo de pago máximo a las PyMEs no podrá ser superior a 60 días (40 para productos regionales); no se les podrá exigir la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión; y los contratos deberán formalizarse por escrito.
Además, para productos regionales deberán establecerse esquemas flexibles de entrega y facilitarse los requisitos de contratación, distribución y comercialización.
Si bien el plazo para implementar la Ley de Góndolas se prevé en 120 días desde su promulgación, los formadores de precios y grandes cadenas de supermercados advierten que en ese lapso tendrán que resolverse distintas cuestiones relacionadas con el nuevo esquema de oferta.
(Télam)