Barcelona paraliza la apertura y ampliacion de departamentos para alquileres temporarios

El ayuntamiento de Barcelona, una de las ciudades más turísticas de España y Europa, suspendió durante un año la apertura y ampliación de departamentos para alquileres temporarios, una actividad muy cuestionada por las asociaciones de vecinos.
El objetivo de esta "decisión preventiva", según la agencia Efe, es garantizar que no aumente el número de viviendas de uso turístico, que actualmente suman 9.591, de cara a la próxima regulación del ejecutivo regional de Cataluña sobre este sector.
La próxima regulación legalizará el alquiler de habitaciones "como nueva tipología de alojamiento turístico", explicó el gobierno municipal.
La responsable de urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, explicó que la actual situación de estos departamentos "es ilegal y se desarrolló a espaldas del pueblo de la ciudad".
Barcelona recibió en los primeros ocho meses del año 8.100.000 turistas.
El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la capital catalana y esa actividad emplea a unos 40.000 trabajadores directos y a unos 100.000 indirectos, según fuentes del sector.
Sanz aseguró que la apertura de la actividad de habitaciones turísticas "tendrá una repercusión importantísima en la morfología de Barcelona y también en el derecho a la vivienda".
En la capital catalana existe una corriente de turismofobia, con acciones contra la masificación del turismo, que protagonizaron el debate público el verano pasado.
Esta masificación y el aumento del número de departamentos generaron en los últimos años un serio problema de mayores precios y menor oferta de vivienda para los vecinos de la ciudad, además de la pérdida del comercio de proximidad o de espacios urbanos de referencia.
La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB) llevó a cabo una campaña pidiendo a los turistas que no cuenten a nadie su visita a esta ciudad, a fin de reducir el número de visitantes, con argumentos como: "Barcelona es un tesoro, ¡escóndelo!".
La suspensión acordada tendrá una duración de un año, durante el cual se estudiará una modificación de las normas sobre las viviendas de uso turístico en Barcelona, según precisó el Ayuntamiento. (Télam)