La polemica del Ejercito colombiano con el New York Times se extiende al ambito internacional

Human Rights Watch (HRW) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresaron su preocupación sobre posibles represalias a soldados y periodistas involucrados en la denuncia del diario The New York Times de que el Ejército colombiano ordenó a sus soldados hacer pasar por guerrilleros a civiles muertos en operaciones.
El revuelo causado por el artículo del diario estadounidense sobre la política del Ejército colombiano para mejorar los resultados operacionales, que puede poner en riesgo a civiles, amenaza con convertirse en una controversia internacional para el gobierno del presidente Iván Duque.
La directiva, matizada por la propia cúpula militar una vez desatado el escándalo, instaba a los militares a duplicar el resultado en las operaciones tomó fuerza ayer en el plano internacional con las reacciones del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La medida se hizo pública el sábado y activó las alarmas en la sociedad por la posibilidad que esto reavivara la política de "falsos positivos", nombre con el que se conocieron en Colombia a miles de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes cometidas por militares en la década pasada para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate y de esta forma obtener de sus superiores permisos, condecoraciones y ascensos, reseñó la agencia EFE.
Hace dos días, sin embargo, el jefe del Ejército de Colombia Nicacio Martínez anunció que modificará esa orden y sostuvo que la polémica se desató por una “mala interpretación” de la medida.
Más allá de esto, Human Rights Watch advirtió anoche sobre las posibles represalias a oficiales colombianos por haber proporcionado información al periodista Nicholas Casey, que junto al fotógrafo que ilustró la nota, dejaron el país por cuestiones de seguridad.
"Sería muy grave que hubiera represalias contra oficiales que se animaron a contar la verdad" señaló Vivanco en medio de versiones de supuestos interrogatorios a 15 oficiales de la fuerza.
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la campaña de estigmatización contra Casey que hizo la senadora María Fernanda Cabal, del partido oficialista Centro Democrático.
Estas reacciones se sumaron a las de ayer del senador demócrata Patrick Leahy, quien pidió a Duque exigir las pruebas con las que Cabal fundamenta su mensaje y, en caso de que no existan, hacer una denuncia pública.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC. (Télam)