Polemica en Francia por la ley para frenar los disturbios de los chalecos amarillos

El Parlamento de Francia comenzará a votar mañana una ley para contrarrestar los disturbios registrados en las manifestaciones de los "chalecos amarillos", una norma que, según sus críticos, atenta contra las libertades individuales.
En el punto de mira del texto, que será votado mañana en primera lectura por los diputados, está sobre todo el artículo 2, que habilita a las autoridades a prohibir de forma preventiva la participación en manifestaciones a personas consideradas peligrosas.
El gobierno del presidente Emanuelle Macron lo justifica como única forma de proteger a los participantes pacíficos de los manifestantes que han provocado desmanes en las 12 protestas que los chalecos amarillos han realizado cada sábado desde noviembre, en las que ha habido cientos de heridos y más de 1.700 detenidos.
"Tenemos que disponer de los medios para garantizar las libertades individuales", aseguró el ministro del Interior, Christophe Castaner, quien calificó a los alborotadores de "brutos" que buscan "romper vidas y amenazar a policías", informó la agencia de noticias EFE.
La ley tiene el apoyo para salir adelante de los conservadores y de la mayor parte del partido del gobernante, la República en Marcha, la agrupación de Macron.
Sin embargo, la controversia es tal que una quincena de los más de 200 diputados de la mayoría oficialista ya han dicho que no votarán a favor de una ley que temen que pueda ser mal utilizada.
Estos aseguran que no dudan de que Macron lo hará con mesura, pero no quieren dejar un arma de ese tipo en manos de otro presidente, en particular, señalan, si procede de la extrema derecha.
Amnistía Internacional, la Liga de Derechos Humanos, algunos sindicatos policiales y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa han mostrado su disconformidad con ese artículo 2.
Ese punto permite al delegado del gobierno o a la policía vetar la participación en manifestaciones a personas que, a su juicio, representen "una amenaza de especial gravedad contra el orden público", a quienes impone multas de seis meses de cárcel y 7.500 euros de multa en caso de infracción.
Una ley similar fue sancionada en Francia tras las manifestaciones de mayo de 1968, pero fue abolida con la llegada de la izquierda al poder a principios de los años 80. (Télam)