Lopez Obrador presiona al Congreso mexicano por la reforma de la Constitucion

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presionó hoy al Congreso de su país al señalar que si se demoran en modificar la Constitución recurrirá a una consulta informal o una encuesta para enjuiciar por corrupción a los ex presidentes.
"Si no se resuelve pronto, y si la gente lo pide, vamos a llevarla a cabo (la consulta) de manera espontánea con la participación de los ciudadanos", aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional, recogida por EFE.
El Congreso mexicano tiene en estudio la reforma de la Constitución para facilitar la convocatoria de referendos, pero el líder izquierdista dijo que si no se concreta pondrá "mesas" en la calle o hará una "encuesta" a la ciudadanía.
AMLO, como se alude popularmente al mandatario, había anunciado que en marzo se llevaría a cabo una consulta para enjuiciar a sus predecesores por corrupción, pero esta no se pudo llevar a cabo porque no se reformó a tiempo la Constitución.
Al hablar hoy con la prensa, el mandatario recordó en tono conciliador que su postura en esa consulta es por apostar porque "haya un punto final con los ex presidentes" y no perseguirlos.
Consultado sobre la seguridad de los ex presidentes, que generó un debate por los costos que implica, el mandatario pidió comprensión.
"Se redujo el número de elementos para la protección del presidente (Vicente) Fox", aseguró.
Los escoltas que acompañaban al ex presidente, que gobernó por el Partido Acción Nacional (PAN) entre 2000 y 2006, se redujeron de 8 a 5.
También se redujeron a 12 personas la custodia del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).
"Era impresionante lo de antes", aseguró López Obrador, aludiendo a que cuando los presidentes se desplazaban "ambulancias, motos, cerraban las calles".
"Eso ya no es así", aseguró el presidente y líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
AMLO también destacó que ni Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ni Ernesto Zedillo (1994-2000) ni Enrique Peña Nieto (2012-2018) tienen seguridad pagada por el Estado.
En plan de reducción de gastos, el gobierno mexicano informó hoy que cerró un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos (UNOPS) para obtener asesoría en el proceso de venta de 72 de las 263 aeronaves gubernamentales, incluido el avión presidencial, por el que han recibido 14 ofertas de compradores.
Todos "los funcionarios" del Gobierno federal deben trasladarse en aviones comerciales cuando las distancias son largas y en vehículo para recorrer distancias cortas, agregó el mandatario.
Especialmente crítico fue con el avión presidencial, un Boeing 787-8 con un costo de unos 218,7 millones de dólares.
Esta aeronave fue adquirida en 2012 por Felipe Calderón (2006-2012), aunque no llegó a México hasta febrero de 2016, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Al asumir la Presidencia, López Obrador devolvió el avión al hangar de Boeing en el aeropuerto de Victorville, en el condado de San Bernardino, California (Estados Unidos), como gesto de austeridad.
"Con 60 millones de pobres, el presidente arriba de un avión de lujo. ¿Qué ejemplo da? ¿Dónde está la austeridad republicana?", cuestionó el mandatario. (Télam)