Responsabilidad penal juvenil: la Defensoria advierte que no se ajusta a estandares internacionales

La Defensoría General de la Nación advirtió sobre la existencia de "una imposibilidad normativa" para aprobar el proyecto de ley del nuevo sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que se debate en la Cámara de Diputados, y sostuvo que, en caso de que sea sancionada, "podría traer consecuencias a nivel internacional para el Estado argentino".
"El Estado argentino se encuentra incluido en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y eso condiciona a los poderes del Estado y a todos los operadores estatales, porque tenemos que realizar conductas públicas conforme a esos estándares internacionales", indicó la Defensoría a través del cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes, Damián Muñoz.
Así lo planteó al exponer durante la audiencia que se desarrolló ayer en el Anexo C de la Cámara baja, donde destacó además la necesidad de que sean votadas "leyes acordes" a los marcos normativos internacionales a los que adscribe Argentina y subrayó que, de lo contrario, "se genera responsabilidad internacional".
Entre otros puntos, la iniciativa analizada en la Cámara de Diputados contempla una baja en la edad mínima de responsabilidad penal de los 16 años que rige actualmente a los 15 años.
“A la vez, no existen datos empíricos sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos, y esto es incluso reconocido por los propios presentadores del proyecto oficial”, sostuvo Muñoz en su exposición.
En este sentido, opinó que "el cambio propuesto no resiste el menor análisis", y consideró que resulta "verdaderamente paradójico y absurdo, intentar saldar una deuda de la democracia generando una nueva responsabilidad internacional".
"Es preocupante la lógica argumental de los planteos a favor de la baja”, señaló el representante de la Defensoría General de la Nación, quien también expresó "mucha preocupación" por el tratamiento que en el proyecto de ley se le da a "los no punibles" dado que -argumentó- "empeora estándares de las provincias y afecta el federalismo". (Télam)