Estatales de Promocion Social porteños denunciaron precarizacion laboral e institucional

La Junta Interna del gremio estatal ATE en Promoción Social de la ciudad de Buenos Aires denunció hoy "precarización laboral e institucional" frente al avance del coronavirus en los hogares de niños y adolescentes que dependen del Ejecutivo porteño, y aseguró que ello refleja "las falencias estructurales históricas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta".
"La gestión de Rodríguez Larreta y su ministra de Desarrollo María Migliore para prevenir la propagación del virus en esos hogares bajo su órbita evidencia falencias estructurales. Faltan recursos humanos y materiales, no se respetan los protocolos existentes, no hay articulación con Salud para agilizar los testeos y no se garantizan espacios de aislamiento seguros para ese grupo social y tampoco para los trabajadores que cumplen allí sus tareas", indicó un documento.
ATE añadió que en el contexto del crecimiento de la curva de contagios en la Capital "se comprueba las políticas de vaciamiento y desfinanciación macrista, y el panorama es alarmante, por lo que es urgente fortalecer las estrategias sociales para llegar a quienes más requieren de la asistencia estatal con más presupuesto".
"Es evidente la falta de personal en los dispositivos convivenciales, y no es suficiente con las reasignaciones. No es momento de especular frente a una planilla de Excel. El gobierno porteño debe incorporar a empleados idóneos para fortalecer los equipos y garantizar los cuidados y la contención", puntualizaron los dirigentes.
Añadieron que el personal de los hogares es "el vínculo primario de confianza y afecto para los menores que no tienen cuidados parentales imprescindibles para acompañar trayectorias de vida atravesadas por al vulneración sistemática de derechos".
También enfatizaron que "la contratación de personal era una necesidad antes del aislamiento obligatorio, pero hoy es urgente", y exigieron el reconocimiento de derechos básicos de los trabajadores que perciben salarios "por debajo de la línea de pobreza" y bajo "contratos fraudulentos y tercerizados a través de la Universidad de Buenos Aires (UBA) o de locación", lo que los obliga a hacerse cargo del monotributo. (Télam)