Venezuela: el Tribunal Supremo destituyo a las autoridades de los dos mayores partidos opositores

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela destituyó a las autoridades de Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ), los dos partidos opositores con mayor cantidad de afiliados, y nombró al frente de ambos a dirigentes aliados al chavismo.
Las resoluciones fueron adoptadas -anoche en el caso de AD y esta tarde en el de PJ- horas después de que esos partidos y otros nueve anunciaran que no reconocerán el resultado de las elecciones parlamentarias de este año, luego de que el TSJ designara unilateralmente el viernes nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La corte destituyó anoche a la junta directiva de AD encabezada por el diputado Henry Ramos Allup y puso en su lugar a un grupo comandado por Bernabé Gutiérrez, hasta hace poco secretario de Organización de la agrupación, según la agencia de noticias Europa Press.
Gutiérrez, quien fuera gobernador del estado Amazonas en el período 1996-2001, había sido expulsado de AD la semana pasada por solicitar al TSJ el nombramiento del nuevo directorio del CNE junto a un grupo de dirigentes opositores próximos al chavismo.
Entre las autoridades del órgano electoral designadas el viernes figura su hermano, el abogado José Luis Gutiérrez.
Asimismo, el TSJ informó esta tarde que, con el objeto de “llevar adelante el proceso de reestructuración necesario” de PJ, destituyó a la conducción encabezada por Tomás Guanipa y la reemplazó por otra a cuyo frente está el diputado José Brito.
Brito fue expulsado de PJ a fines del año pasado, después de que se revelara que junto a otros ocho legisladores antiguamente opositores emitió “cartas de buena conducta” a favor de empresarios sancionados por Estados Unidos por hacer negocios con el gobierno chavista y se lo acusara de sobornar a otros diputados para evitar la reelección de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).
AD y PJ -el partido al que pertenecen el ex candidato presidencial Henrique Capriles y el diputado Julio Borges- integran el G4 junto a Voluntad Popular (VP, de Guaidó y Leopoldo López) y Un Nuevo Tiempo (UNT, de Manuel Rosales), la reunión de hecho de los cuatro partidos opositores más grandes.
El año pasado, el TSJ intervino de manera similar en la vida interna de otro partido tradicional, el socialcristiano Comité de Organización Político Electoral Independiente (Copei), al desplazar a la conducción encabezada por Mercedes Malavé y nombrar en su lugar a Miguel Salazar.
Los miembros del G4 y otros siete partidos advirtieron ayer en un comunicado conjunto que no reconocerán el resultado de las elecciones que deben realizarse este año para renovar totalmente el parlamento que actualmente tiene holgada mayoría opositora.
Dicha decisión se debe a que el TSJ designó el viernes directores titulares y suplentes del CNE, que sigue teniendo mayoría chavista entre sus autoridades, después de declarar la “omisión inconstitucional de la AN en desacato”, según informó la propia corte en un comunicado.
Ese anuncio anticipa una nueva escalada del conflicto de poderes que envuelve al país desde enero de 2019, cuando la AN desconoció el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro y designó un gobierno interino encabezado por su titular, Guaidó.
La Constitución de Venezuela establece que las autoridades del CNE deben ser nombradas por la AN, pero este poder se encuentra inmerso en un conflicto institucional, luego de que en enero pasado la mayoría reeligiera a Guaidó y un grupo minoritario de chavistas y antiguos opositores nombrara una conducción encabezada por Luis Parra.
Casi cinco meses después, el 28 de mayo, el TSJ declaró nula la elección de las autoridades encabezadas por Guaidó y reconoció a la conducción presidida por Parra.
La elección de un nuevo CNE formó parte de la última mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición, celebrada el año pasado bajo el auspicio del gobierno de Noruega y suspendida al cabo de varios encuentros.
Antes de que se conociera la invervención a PJ, las últimas decisiones del TSJ habían sido cuestionadas por la Unión Europea (UE), el Grupo Internacional de Contacto (GIC) y Estados Unidos.
“Son decisiones que reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales a la resolución de la profunda crisis política en Venezuela”, afirmó el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.
El GIC dijo que la forma en que fueron designadas las autoridades electorales “socava la credibilidad tanto del CNE como del próximo proceso electoral” y llamó a “quienes detentan el poder en Venezuela a abstenerse de tomar medidas que tornen inviable” una “solución democrática” para el país, en una declaración firmada por Alemania, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, el Reino Unido, Suecia, Uruguay y la propia UE.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sostuvo en un comunicado que el nombramiento de la nueva conducción del CNE “aleja aun más a Venezuela de una transición democrática” y vaticinó que sus autoridades van a “ignorar las condiciones necesarias para que haya unas elecciones libres”. (Télam)