El dia que la Corte consolido la realizacion de los juicios de Memoria, Verdad y Justicia

A 15 años del fin de las leyes de impunidad, funcionarios e integrantes de organismos de derechos humanos recordaron para Télam el día en que la Corte Suprema de Justicia consolidó la realización de los juicios de Memoria, Verdad y Justicia.
Si bien en 2006 se dictó la primera sentencia por delitos de lesa humanidad tras la anulación en 2003 de las leyes de impunidad -Punto Final y Obediencia Debida-, fue el fallo de la Corte Suprema que declaró su inconstitucionalidad el 14 de junio del 2005 (fallo Simón) lo que permitió que al día de hoy hayan habido más de 226 sentencias, con más de 915 condenados y otros 144 absueltos, según el último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora recordaron la emoción vivida durante esa jornada, mientras que Diego Morales, Director de Litigio y Defensa Legal del CELS, contextualiza el mapa social y político que debieron atravesar esos años de lucha.
“¡Dios mío, cómo olvidar ese día!”, exclamó Taty Almeida al recordar cómo festejó en la puerta de los tribunales de Talcahuano -junto a otros integrantes de organismos de DDHH- al conocerse la noticia.
Del mismo modo, Pietragalla Corti, contó que “en ese momento estaba en Abuelas de Plaza de Mayo, y para todos nosotros fue un sismo. Un hecho histórico que significó el fin de la impunidad y que no tiene magnitud por lo que representó para los procesos judiciales, no sólo en Argentina, sino también en el mundo”.
“Era un pedido histórico de los organismos, ya que Argentina vivía la frustración de tener ese marco de impunidad. Nuestra democracia sufría las consecuencias de esa deuda con la Verdad, la Memoria y la Justicia que generaba problemáticas muy concretas”, recordó el funcionario.
Por ejemplo, “muchos de los miembros de la fuerzas de seguridad seguían estando en funciones, y familiares de desaparecidos se cruzaban con los genocidas”, agregó el funcionario que vivió en carne propia la desaparición de sus padres y el robo de su identidad hasta que en el 2003 fue restituido por Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en el nieto número 75.
Con la emoción de entonces y en el marco de sus funciones actuales como secretario de Derechos Humanos, Pietragalla Corti evocó también que “el fin de la impunidad había sido un reclamo que había asumido (el ex presidente) Néstor (Kirchner)”.
“Luego, cuando se pudo llevar a la práctica, vimos que el poder armar esos juicios tenía una envergadura gigantesca porque permitía condenar a todos los que habían participado de delitos de lesa humanidad, incluyendo también a personal policial y a civiles”, agregó.
A 15 años del fallo, el funcionario evaluó que “aún hay deudas ya que muchos juicios se dilataron porque eran megacausas, o porque había muchos testigos o muchas horas de audiencia. La verdad es que al principio el proceso fue lento, pero tomó ritmo luego. en los años de Néstor y Cristina”.
“Lamentablemente hubo una pausa con la llegada del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, ya que no hay compatibilidad entre neoliberalismo y política de Derechos Humanos y menos con la Memoria, Verdad y Justicia, sumado a que muchos de los que nos gobernaban eran CEOs, o hijos de CEOs que habían sido beneficiados con esa dictadura”, analizó.
Por su parte, a sus 90 años, Almeida recordó que "cuando asumió Raúl Alfonsín, se produjo aquel juicio ejemplar a las Juntas donde se condenó a los genocidas y ahí dijimos ´bueno, al fin´. Empezábamos a respirar otro aire. Pero, lamentablemente, Alfonsín no supo aprovechar el apoyo que tenía no sólo en la Argentina sino internacionalmente, y se dictaron esas leyes de Punto Final y Obediencia Debida”.
La dirigente recordó que con la llegada de Néstor Kirchner "se tomó los Derechos Humanos como una política de Estado” y "así fue como se empezaron a juzgar a lo largo y a lo ancho de la Argentina a los genocidas y lo seguimos haciendo a pesar de los cuatro años de Macri, del negacionismo total, porque gracias a Dios recuperamos un gobierno `Popular`, remarcó”.
Desde el CELS, Morales recordó que la ley de Punto Final "establecía una fecha límite para la realización de juicios, el 23 de febrero del año 1987 con lo que se buscaba limitar los procesos a un día específico pero los organismos de derechos humanos impulsaron acciones y para el 23 de febrero, ya había 300 militares que estaban siendo acusados”.
Luego, se sumó la Ley de Obediencia debida, “que se dio en el marco del levantamiento carapintada, y más tarde le siguieron los indultos dictados por Menem”.
“En ese contexto se organizaron varias acciones, entre ellas una denuncia ante la CIDH y este organismo resuelve que esas leyes son contrarios a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana que hablan del derecho de las víctimas a las garantías del debido proceso y recursos judiciales activos. Se establece así que el Estado debe buscar la verdad y establecer grados de responsabilidad”, detalló.
La inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 de dictó en un fallo de 314 páginas y es una de las más importantes en la historia judicial argentina. Estuvo firmada por el entonces presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti mientras que el fallecido Carlos Fayt votó en disidencia y Augusto Belluscio se abstuvo.
(Télam)