Tribunal sobreseyo a la madre de Jimena Hernandez por arrojarle gas pimienta a un policia

La nutricionista Norma Isabel Monfardini, madre de la niña Jimena Hernández, quien hace 31 años apareció muerta en la pileta de un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, fue sobreseída en el juicio que se le siguió por arrojarle gas pimienta en los ojos a un cabo de la Policía Federal.
Según informaron hoy fuentes judiciales, la mujer evitó ser condenada porque el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 13 concluyó que el 3 de octubre de 2015, cuando se registró el hecho en la estación de servicios de avenida Gaona al 1.200, actuó “en estado de inimputabilidad”.
Además, el TOC 13 dispuso que intervenga la justicia civil para que se resuelva si corresponde restringir la capacidad de Monfardini para realizar determinados actos.
Esta causa penal se originó cuando Monfardini y su hijo -identificado como L.H.- protestaron e insultaron con términos despectivos a personal de la estación de servicios porque no funcionaba el compresor de aire con el que intentaban inflar las ruedas de una bicicleta.
En ese momento intervino el cabo Jorge Gastón López, a quien la procesada le arrojó gas pimienta en los ojos, lo que le provocó “lesiones leves”.
Ni bien se conoció lo sucedido, Monfardini dijo que ella fue la agredida por cuatro uniformados que la pisotearon y golpearon a la vez que le retorcían sus extremidades, todo ello debido a una “persecución policial que lleva 30 años”.
Al ser indagada, la madre de la niña de 11 años que el 12 de julio de 1988 fue hallada muerta en el natatorio del Colegio de la Santa Unión y los Sagrados Corazones (cerca de la estación de servicio), comparó su situación personal con “la persecución que padeció Jesús y todas las víctimas inocentes”.
Agregó que lo que le pasó “no fue casual” y lo vinculó con Patricia Gils Carbó, a quien mencionó como “amiga de (la ex presidente) Cristina Fernández de Kirchner y hermana de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En el fallo, el camarista Diego Leif Guardia consideró que, con las declaraciones de testigos, las cámaras de seguridad y los informes médicos, el hecho había quedado probado; pero evaluó un examen médico según el cual las facultades mentales de la mujer “no guardan parámetros compatibles con la normalidad”.
Según concluyó, el informe “psicosemiológico” consideró verosímil que al momento de los hechos la examinada "no tuvo la posibilidad de comprender, ni dirigir sus actos", pero que “no presenta indicadores de riesgo cierto e inminente que justifique su internación institucional”. (Télam)