Gremio rechazo el intento de modificacion de la Ley de Transporte y Transito porteña

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm) rechazó hoy "el intento de modificar la Ley 5.526/16 de Transporte y Tránsito de la ciudad de Buenos Aires por parte del oficialismo" del distrito y aseguró que la norma "fue avalada en su momento por los trabajadores, presentada por el macrismo, acompañada por la oposición y votada de forma unánime".
Un comunicado del gremio enviado a los legisladores porteños afirmó que esa ley "nunca fue respetada desde su sanción hace cuatro años, y fue ignorada en su aplicación por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y sus funcionarios Juan Méndez y Ezequiel Jarvis, quienes cumplieron un triste rol".
El sindicato, liderado por Marcelo Pariente y Maximiliano Arranz, consideró que "esa actitud fue aún más dolosa porque frente a los reclamos judiciales -que merecieron fallos de primera y segunda instancia ordenando al gobierno cumplir la ley- los funcionarios la reformaron según pedidos multinacionales".
"Ello perjudicó a los trabajadores, ante el burdo intento de legalizar el despótico modelo laboral que las empresas de plataformas procuran imponer, en clara violación a la histórica legislación laboral argentina", afirmaron los dirigentes.
También explicaron que esta es "la segunda vez que un sector del oficialismo procura una reforma de la norma, ya que en diciembre de 2018 Méndez realizó en ese sentido una maniobra tan escandalosa que generó indignación entre los propios legisladores de su partido, por lo que el intentó fracasó",
"La crónica negativa a cumplir una ley porque se contrapone al modelo de negocio de empresas que ni siquiera pagan impuestos en la Argentina es ya un oprobio. Pero que se pretenda cambiar la legislación nacional por presión de esas multinacionales es una completa vergüenza", señalo la entidad sindical.
La Asimm invitó a los diputados a comparar "el proyecto de ley que se procura modificar con el increíble parecido que tiene con el 'contrato de adhesión' que la aplicación Glovo obliga firmar a mensajeros y repartidores, por lo que la reforma es una mera extrapolación de ese contrato al colectivo de trabajadores".
"La pretendida reforma intenta otorgar un paraguas jurídico a las aplicaciones para legitimar y legalizar la precariedad laboral y es un bochorno", concluyó. (Télam)