España: archivan la investigacion por la manifestacion del 8M en plena irrupcion del coronavirus

La Justicia española archivó hoy la investigación penal abierta contra las autoridades de España por haber permitido la multitudinaria manifestación feminista del 8M en pleno inicio del brote local de coronavirus, una causa que había adquirido relevancia política en medio del clima de agitación por parte de la oposición de derecha y extrema derecha.
La decisión, adoptada por una jueza de Madrid, llega tras la declaración del delegado del gobierno español en Madrid, José Manuel Franco, el único investigado por los hechos al ser la autoridad encargada de autorizar las grandes movilizaciones que tienen lugar en la capital.
La jueza consideró que el funcionario "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones".
Además, "no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario", agregó, según un escrito publicado por la prensa española.
La Fiscalía y la Abogacía del estado habían solicitado esta semana el "sobreseimiento libre" de la causa, pero la jueza decretó que sea provisional, ante la ausencia de indicios de delito.
La investigación sobre el 8M, que comenzó el 23 de marzo, se convirtió en los últimos meses en el caballo de batalla de la derecha y la extrema derecha para desgastar al gobierno progresista de Pedro Sánchez, al que responsabilizan directamente de los más de 27.100 muertos provocado por el coronavirus hasta el momento.
La movilización feminista, no obstante, se celebró simultáneamente alrededor del mundo, incluidos los países europeos que posteriormente fueron epicentro de la pandemia junto con España, como Italia o Francia.
Además, en torno a aquella fecha tuvieron lugar otras concentraciones y actos multitudinarios en Madrid -también investigados-, como un mitin del partido de extrema derecha Vox, en el que varios de sus dirigente, entre ellos su máximo líder, Santiago Abascal, contrajeron la enfermedad.
Menos de una semana después, el 14 de marzo, el gobierno español decretó por primera vez el estado de alarma que impuso un duro confinamiento a la población española con el objetivo de controlar el brote de Covid-19, que había causado en ese entonces 120 muertos.
Una denuncia particular contra el presidente socialista Sánchez fue la que motivó la apertura de esta causa, en la que la jueza dictó pesquisas contra el Delegado del Gobierno, al ser la autoridad sobre la que tiene competencia, por un presunto delito de prevaricato y/o lesiones por imprudencia profesional.
En apenas tres meses, la causa acumuló 3.000 hojas de informes policiales y forenses, así como documentación y comunicaciones sanitarias a nivel europeo e internacional que tuvieron lugar en los primeros días de estallido del brote de coronavirus.
La magistrada tomó declaración a funcionarios, expertos y a los organizadores de las manifestaciones.
La investigación derivó también en una crisis política a raíz de que el ministro de Interior español, Fernando Grande Marlaska, destituyó a un alto cargo política, el jefe de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por un informe entregado a la jueza del #8M que estaba plagado de errores y cargaba la responsabilidad de los contagios al gobierno.
En medio una fuerte presión de la oposición que se aferró a esta causa, Sánchez denunció recientemente que el #8M era "la nueva fake news" de la derecha y extrema derecha. (Télam)