Abdo Benitez cumple un año de gobierno con altos indices de desaprobacion

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, cumplirá mañana un año en el poder con altos índices de desaprobación a su gestión y en medio de una crisis política que estuvo a punto de llevarlo a un juicio político.
Este primer aniversario llega después de que Abdo Benítez se viera obligado a cambiar a varios de sus funcionarios por el escándalo del acta bilateral con Brasil sobre compra de energía a la represa Itaipú, que su gobierno procuró en vano mantener en secreto.
Hoy, en diálogo con los periodistas paraguayos, el presidente aseguró que en su gobierno "va a seguir habiendo cambios", más de allá de los que se vio obligado a ordenar a causa de las críticas recibidas por el acuerdo con Brasil, que finalmente fue anulado.
Esos cambios se darán en momentos en que la desaprobación a la administración de Abdo Benítez llega a 69,3%, según un trabajo del Centro de Investigación y Estudios Socioeconómicos (CIES) para el grupo editorial formado por el diario Última Hora, los canales Noticias Paraguay y Telefuturo y Radio Monumental.
El sondeo señala que 49,1% de los paraguayos califica de mala a la tarea del presidente y 20,2%, de muy mala.
En ese contexto, fueron múltiples las voces que se levantaron en Paraguay para exigir al presidente que ordene más cambios en su gabinete.
El mandatario reconoció hoy que debe "redoblar" sus esfuerzos para mejorar la "calidad de gestión".
El mayor conflicto para Abdo Benítez en su primer año de gestión estalló en julio pasado, cuando renunció el entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad (E), Pedro Ferreira, en desacuerdo con un acuerdo firmado con Brasil que el público desconocía.
El convenio, que condenaba a Paraguay a comprar energía a precios más caros, llevó a la oposición a denunciar "secretismo" por parte del Ejecutivo, al que se acusó de "traición a la patria".
Grupos opositores solicitaron el juicio político para Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez, aunque en el primer intento los impulsores de ese proceso no encontraron suficiente fuerza para sostenerlo.
Pero el gobierno pagó el precio con la anulación del acta y la renuncia de cinco funcionarios influyentes, entre ellos el canciller Luis Castiglioni.
Además, fuerzas políticas y movimientos sociales no se resignan a desaprovechar la ocasión de avanzar hacia el juicio político y organizan movilizaciones en las calles de Asunción para exigir la apertura del proceso. (Télam)