El Estado argentino debera responder ante la OEA por denuncias de violaciones al medio ambiente

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó al Estado argentino una respuesta ante denuncias realizadas por vecinos y una G ambientalista por la contaminación generada por empresas emplazadas en el Cordón Industrial que abarca las ciudades bonaerenses de San Nicolás y Ramallo, indicaron hoy fuentes judiciales.
El pasado 2 de junio la CIDH realizó una petición al gobierno argentino "para que presente sus observaciones, conforme al artículo 30 (3) del reglamento de la CIDH, en un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses", ante las denuncias realizadas por la G Foro Medioambiental de San Nicolás (FOMEA), y un grupo de vecinos de las localidades afectadas.
"La CIDH ha contestado nuestra demanda y corrió traslado para que el Estado ejerza su derecho de defensa ante las denuncias que desde hace más de 12 años venimos realizando", dijo a Télam, el abogado de FOMEA, Fabian Maggi.
"En nuestra región tenemos un conflicto ambiental de gran envergadura producido por un Cordón Industrial en el que la mayoría de las empresas contaminan, y es por eso que están mencionadas en la denuncia ante la CIDH hecha por nuestra G y un grupo de vecinos de San Nicolás", indicó.
"La denuncia ante el organismo internacional abarca la violación de dos derechos humanos fundamentales, uno es el derecho al ambiente sano, y el otro que está vulnerado es la garantía judicial de resolución en plazo razonable", detalló.
El Cordón Industrial comienza en el sur de la localidad bonaerense de San Nicolás y termina en el norte de Ramallo, con una extensión de 20 kilómetros a la vera del río Paraná y divididas por el Arroyo Ramallo.
Ese territorio concentra metalúrgicas, agroquímicas, una termoeléctrica y una carboquímica que fueron denunciadas en la Justicia argentina y que ante la falta de respuesta derivó en la causa ante la CIDH, organismo que ésta semana dio curso a la demanda contra el gobierno argentino por violaciones al medio ambiente.
Las pruebas que demuestran los altos niveles de contaminación en esa zona industrial son abundantes, según detalló Maggi, "hay análisis de sangre de vecinos que arrojaron la presencia de heptacloro en la sangre, una sustancia utilizada en los agrotóxicos".
"Registramos casos de cáncer en muchos vecinos de la zona que se visibilizaron hace unos años con la muerte de una niña de 6 años, y que destapó alrededor de 200 casos más por toda la zona, como si fuera un contagio", enfatizó.
A su vez, fueron los propios operarios de algunas empresas del Cordón Industrial quienes denunciaron que sus empleadores los obligaron a hacer enterramientos de residuos tóxicos en las inmediaciones del ejido urbano.
"Esos enterramientos fueron descubiertos, pudimos señalarlos y encontraron el suelo contaminado", indicó.
"También existen pruebas complementarias de suma certeza que surgen del Departamento de Delitos Ambiental de la Policía Federal, quienes tomaron muestras de agua del río Paraná y las encontraron contaminadas con plomo, cromo, níquel y otros metales pesados pertenecientes a una de las metalúrgicas que está en el Cordón Industrial", señaló.
Por otra parte, un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Medio Ambientales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) sobre el agua de lluvia de la zona registraron niveles de toxicidad "mil veces superior a un campo fumigado".
"La denuncia en la CIDH fue presentada en 2018, hemos pasado muchas etapas y esta semana logramos un paso importante porque este organismo internacional, antes de hacer el requerimiento al Estado argentino, evalúa la verosimilitud del caso, es decir que haya certeza en lo que se denuncia", indicó Maggi.
En esa línea, explicó que "las denuncias internacionales tiene la finalidad de establecer la responsabilidad internacional de un Estado, no se puede meter en nuestro territorio a solucionar el conflicto pero sí puede condenar al Estado y eso molesta porque tiene sus consecuencias en el plano internacional".
"Si llegamos a tener el éxito, esperamos que se condene al Estado argentino a revertir la garantía vulnerada, es decir, la violación del medio ambiente y el plazo razonable en la justicia", finalizó. (Télam)