Ordenan difundir amparos colectivos sobre accesibilidad informatica en barrios populares porteños

La justicia porteña ordenó hoy la difusión de amparos colectivos referidos a la accesibilidad informática en barrios vulnerables, en el marco del impacto de la pandemia por el Covid-19.
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 2, Andrés Gallardo, ordenó hoy la difusión de la tramitación de una serie de amparos colectivos para que el gobierno porteño garantice el acceso de población vulnerable a la educación mediante herramientas informáticas.
El magistrado se refirió a los autos "Asesoría Tutelar 2 contra GCBA sobre Amparo- Educación-Otros", Expediente n.° 3264/2020/0, y sus acumulados "ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) contra GCBA sobre Amparo- plicaciones Móviles-Internet", Expediente n.° 3747/2020-0; "Moreno Velásquez, Jessie Lissette contra Ministerio de Educación del GCBA sobre Amparo", y "Armando, Franco Damián y otros Contra GCBA sobre Amparo - Aplicaciones Móviles - Internet», Expediente n° 4012/2020-0", informó el sitio iJudicial.
Gallardo explicó que en los amparos referidos "el colectivo afectado está comprendido por niños, niñas y adolescentes en edad escolar obligatoria en situación de vulnerabilidad social y que no cuentan con recursos tecnológicos adecuados que asisten a establecimientos educativos de gestión pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de gestión privada con cuota cero".
Los amparos también consideran a "los habitantes de la totalidad de las villas y asentamientos de la Ciudad o que no tengan la capacidad económica para costear su acceso a internet", enumeró el juez.
El magistrado porteño precisó que el objeto de los autos citados y sus acumulados
consiste en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "cese en su omisión de garantizar el derecho a la educación" de los afectados mencionados en los amparos, que "se encuentran en situación de vulnerabilidad social y no cuentan con medios para continuar sus estudios mediante las plataformas virtuales".
El magistrado relevó que las presentaciones reclaman "la entrega de los materiales didácticos y elementos tecnológicos pertinentes, y garantizándose la conectividad y el acceso a las plataformas virtuales dispuestas para el seguimiento pedagógico".
También, que el gobierno porteño garantice "el acceso a la educación a distancia en esta modalidad, todo ello por el plazo que se extienda la modalidad de educación a distancia o virtual, conforme al "Plan Integral de Educación Digital" aprobado por el Ministerio de Educación porteño.
Además, que se disponga "la remoción de las barreras normativas, operativas o de cualquier otro tipo para que niñas, niños y adolescentes que no cuentan con recursos tecnológicos adecuados, puedan acceder en forma efectiva al equipamiento informático pertinente, proveyéndose a cada estudiante una computadora portátil o netbook".
Gallardo reseñó, además, que se pide que se ordene al gobierno porteño "que disponga los medios técnicos" para que los colectivos citados "cuenten con acceso a internet, mediante una conectividad adecuada y gratuita, a efectos de poder acceder a las actividades educativas dispuestas por el sistema escolar para las/os niñas, niños y adolescentes escolarizadas/os, a información necesaria para transcurrir la pandemia y las medidas de aislamiento", así como a "trámites y/o reclamos para acceder a la salud y la seguridad social, que en las condiciones actuales requieren del acceso a internet como condición necesaria para su efectiva realización".
Además, mencionó que los amparos solicitan que se ordene al gobierno porteño "que habilite el funcionamiento de los Centros de Soporte Técnico y Mantenimiento creados en el marco del Plan Sarmiento proveyéndoselos de los insumos y repuestos necesarios para la reparación de los equipos informáticos provistos a los alumnos".
Por último, los recursos judiciales, según explicó el magistrado, ordenan al Ejecutivo porteño "garantizar el acceso gratuito a Internet a la totalidad de los habitantes de los Barrios Populares inscriptos en el Registro de Barrio Populares de la Ley N° 27.453, de las villas y asentamientos" y de "los complejos habitacionales construidos" por el gobierno de la Ciudad, así como a quienes "no tengan capacidad económica para costear su acceso a internet". (Télam)