Procesan por estafas y lavado a gremialistas fueguinos que vendian viviendas sociales

La Justicia de Tierra del Fuego procesó a dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad de Ushuaia acusados por la venta a particulares de viviendas sociales destinadas a afiliados a ese sindicato, con lo que recaudaron $10,4 millones que en parte lavaron por medio de una empresa vial, informaron hoy fuentes judiciales.
La presunta maniobra fue detectada en la construcción de 128 viviendas financiadas desde el programa nacional "Techo Digno" en el barrio "Barrancas del Río Pipo" de la capital fueguina, apuntaron.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) firmó un acuerdo con la ATE para que esas casas fueran adjudicadas a afiliados del principal sindicato estatal de la provincia que cumplieran los requisitos de acceso a una vivienda da social.
Sin embargo, al menos dos miembros de la comisión de Viviendas del gremio avalados por el secretario general, Carlos Córdoba, se quedaron con "21 de esos inmuebles" y los "negociaron a grandes valores económicos", concluyó el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, en el auto de procesamiento al que hoy accedió Télam.
"El grupo criminal se arrogó la facultad de "guardarse lugares" entre las 128 soluciones habitacionales, para comercializarlos a discreción, claramente de manera ilegal", afirmó el magistrado.
La "cara visible" de la maniobra fueron dos miembros de la comisión de viviendas de ATE, Miguel Arana y Daniel Belbey, quienes se encargaron de ofertar las viviendas sociales a distintos particulares.
Belbey se suicidó el año pasado, pocos días después de que el escándalo se hiciera público.
Por encima de Arana en el gremio intervino la secretaria de Acción Social Lilian Carolina Galli, quien junto a Córdoba "hicieron gestiones para que el IPV aceptara como adjudicatarios de las casas a los particulares que les habían pagado", puede leerse en la sentencia.
De Gamas Soler les atribuyó a Córdoba y a Galli "22 hechos de estafa que concurren realmente entre sí", además de "defraudación por administración fraudulenta", y los embargó por 3 millones de pesos. (Télam)