La detencion de un funcionario de la U puso a Guatemala al borde de una crisis institucional

Un funcionario de un organismo investigador de la U llevaba hoy más de 18 horas retenido en un aeropuerto por autoridades de Guatemala, en una decisión que causó numerosas reacciones de protesta dentro y fuera del país, y hasta una denuncia penal contra dos ministros del gabinete del presidente Jimmy Morales.
Se trata del colombiano Yilen Osorio Zuluaga, miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo investigador adscripto a la U.
Osorio fue detenido ayer en el aeropuerto internacional La Aurora por efectivos del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Policía Nacional Civil cuando desembarcaba de un vuelo procedente de Costa Rica, y hoy llevaba más de 18 horas retenido en el lugar.
Los efectivos intentaron deportarlo de inmediato en un vuelo con destino a El Salvador, pero ello fue impedido por un recurso judicial presentado por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, según explicó éste a la prensa local.
Así, el juez a cargo del caso, Oliver Orellana, pidió que se suspendieran todas las medidas durante ocho horas para que las instituciones del Estado involucradas presentaran informes sobre la situación legal de los miembros de la Cicig y él pudiera tomar una decisión.
En medio de una pulseada política que tiene en vilo al país desde hace meses, el gobierno de Morales -acusado por la propia Cicig de corrupción electoral- decidió no renovar las visas de 11 investigadores de ese organismo, entre ellos Osorio, quienes abandonaron el país en diciembre pasado, justo antes del plazo máximo.
Tras su salida, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los investigadores internacionales y ordenó que pudieran retornar al país.
Hasta este mediodía local, ninguna de las instituciones involucradas -la cancillería, el Instituto Guatemalteco de Migración y la Presidencia- había reaccionado a la detención de Osorio o a las denuncias de la Procuración y la propia Cicig.
En cambio, sí lo hizo el Ministerio Público, que en un comunicado exigió "al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, que ordenen a su personal designado en el aeropuerto internacional La Aurora a que se cumpla lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad bajo la advertencia de que, si no se hace, se procederá legalmente como corresponde".
La detención de Osorio fue criticada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que llamó a través de Twitter a "condenar de manera categórica estas decisiones ilegales y antidemocráticas del gobierno", y por decenas de representantes de organizaciones sociales que, en conferencia de prensa, repudiaron el "duro golpe a la institucionalidad", reportó el diario guatemalteco Prensa Libre.
Asimismo, la G Acción Ciudadana denunció penalmente a Degenhart y Jovel por "desobediencia a una resolución judicial y violación de inmunidades", y al procurador general de la Nación, Jorge Donado, por "usurpación de atribuciones, abuso de autoridad y desobediencia".
Por otra parte, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) sostuvo que la detención de Osorio representa una "alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático", consignó la agencia de noticias EFE.
La Cicig fue instalada en 2007 para investigar casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, pero luego se dedicó a indagar casos de corrupción.
En 2015 fue clave en la victoria electoral de Morales, luego de que sus investigaciones llevaran al anterior mandatario, Otto Pérez Molina, primero a renunciar y luego a la cárcel.
Pero más tarde la Cicig señaló a Morales como sospechoso de corrupción, y el mandatario le declaró la guerra. (Télam)