Las ex-FARC vuelven a renegar de secuestros, pero familiares de victimas igual las critican

La antigua cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconoció la práctica del secuestro durante sus años de actividad, confirmó hoy el partido Comunes, la estructura legal en que se coinvirtió la guerrilla tras los acuerdos de paz de 2016, en medio de la polémica que generó el proceso por el secuestro de legisladores regionales en 2002.
"El grupo de comparecientes, miembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP, hemos reconocido el secuestro como un hecho que nunca debió ocurrir en el conflicto armado interno colombiano y que generó un profundo dolor a las víctimas y sus familias", señaló un comunicado de Comunes, que aludió a un caso que juzga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acusa por el hecho a los altos mandos de las FARC.
Entre los señalados está Rodrigo "Timochenko" Londoño, Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada), Pablo Catatumbo y otros comandantes.
El texto ratificó que los miembros de Comunes seguirán comprometidos con el camino de la paz y del acuerdo firmado en el 2016 entre ellos y el Estado colombiano.
"Nosotros en calidad de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, recibimos con respeto y disposición la Resolución de Conclusiones de la Sala de Reconocimiento de Verdad anunciada el viernes por el Tribunal", dijo el documento.
"Reafirmamos, en honor a las víctimas, que venimos realizando acciones reparadoras desde antes que la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad imponga a los siete miembros del Secretariado de las extintas FARC una sanción", agregó.
El texto confirmó, además, que la participación en las audiencias de reconocimiento de los crímenes ayudó a los exmiembros de las FARC a reflexionar y sentir "vergüenza" por haber cometido delitos.
"Las diversas audiencias, los encuentros con víctimas y la Audiencia Pública de Reconocimiento realizada en junio de este año nos llevaron a un momento de reflexión que nos tocó en lo profundo del alma; hoy solo podemos expresar nuestro dolor y vergüenza por las acciones que, en el marco de la guerra, afectaron a miles de familias que tuvieron que enfrentar el flagelo del secuestro, una política equivocada y contraria a los valores de nuestras causas revolucionarias", señaló.
Tras el comunicado de la JEP, siete de las 12 familias de los diputados del Valle secuestrados y asesinados por las FARC en 2002 abandonaron ese mecanismo, decepcionadas por la decisión.
La Fundación Defensa de los Inocentes, que representa a este grupo de víctimas, afirmó que "no ha habido una verdad detallada, plena y exhaustiva por parte de los ex integrantes de las FARC”, sino que existieron “verdades a medias, manipulación de la verdad, y hasta nos ha tocado hacer todas las exigencias de verdad en reiteradas ocasiones de manera escrita y verbal”.
El 11 de abril de 2002, la extinta guerrilla entró a la Asamblea del Valle de Cauca en Cali y secuestró a 12 diputados. Cinco años después trascendió que 11 fueron asesinados.
"Las víctimas nos sentimos desilusionadas, por lo que decidimos hacernos a un lado. En la JEP no vamos a encontrar justicia", indicó en un comunicado la Fundación Defensa de Inocentes.
La JEP fue creada a partir de los acuerdos de paz y podría dictar penas de ocho años "de restricción no carcelaria de libertades y derechos" para seis exjefes insurgentes, aunque aún no anunciaron las sanciones definitivas.
El acuerdo de paz excluyó la cárcel como castigo para los antiguos rebeldes que confiesen y pidan perdón por sus crímenes, y a cambio deberán cumplir "labores que contribuyan a la reparación de las víctimas".
Según la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, que estuvo seis años en poder de la guerrilla antes de ser rescatada por militares en 2008, ya adelantó que apelará el eventual fallo y no descartó acudir a instancias internacionales.
"Se trata más de unas sanciones simbólicas que de una verdadera restauración a las víctimas", indicó Betancourt en un comunicado. (Télam)