Una reforma para que los bonaerenses vuelvan a confiar en la Justicia

Desde que comenzamos nuestra tarea en diciembre de 2015, la gobernadora María Eugenia Vidal, y todo su equipo, tomó la decisión de hacerse cargo de demandas que llevaban décadas de postergación en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los reclamos más fuertes de los bonaerenses ha sido, desde hace décadas, la seguridad pública y tdos sabemos que alcanzar ese objetivo requiere de un combate frontal a todas las mafias existentes en la provincia, mejoras en la policía, una reforma penitenciaria y una judicial.

El proyecto presentado esta semana apunta a alcanzar una mejora cualitativa de la Justicia de los bonaerenses enfocada en mejorar su servicio, transparentarlo y despolitizarlo.

El Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia está desactualizado, los procesos judiciales son lentos y costosos. Queremos que la Justicia llegue en tiempo y forma a los ciudadanos en las cuestiones no penales ni laborales.

Hoy, la mayoría de los bonaerenses no confía en la justicia y, la verdad, tienen motivos para hacerlo. Sumado a esto, los otros dos Poderes del Estado en los últimos años también han colaborado al deterioro del funcionamiento del sistema.

Desde que asumimos nuestra responsabilidad de gestión en 2 años hubieron 28 jueces y fiscales acusados por delitos de corrupción que, por suspensión o exoneración por parte de este Consejo de la Magistratura, han sido apartados del Poder Judicial. Es un hecho histórico que habla por un lado de la fragilidad del sistema judicial, y de la fuerte decisión política de mejorar la calidad de los miembros que componen el poder judicial.

Con las mismas reglas, empezamos a tener un funcionamiento distinto en el Consejo, pero nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada a la que apuntamos, que tenga en el centro a la víctima y no al victimario.Como dijo Ma´ria Eugenia Vidal, "esto implica cambios culturales". Por eso en la Asamblea Legislativa anunciamos una segunda etapa de la reforma judicial y presentamos cinco proyectos de ley que van a ayudar a lograr el cambio que buscamos.

Estamos convencidos de que la toma de decisiones de los jeuces tiene que basarse en datos objetivos y no por conveniencia política. Por eso, en primer lugar, queremos darle la garantía a los vecinos de la Provincia de que los jueces y fiscales que tenemos son idóneos para el lugar que ocupan, y reducir la influencia política en el acceso a los cargos.

Si esos jueces que son nuestra última instancia de confianza en el sistema no cumplen con la ley, tienen que irse; y este proceso de remoción tiene que ser ágil. Proponemos, para esto, cambiar la forma de selección y que no ocupen estos cargos quienes tienen más vínculo con la política sino quienes más capacitados estén.

Además, estamos impulsando que aquellos que quieran convertirse en jueces o fiscales tengan que pasar por una capacitación y que se presenten a un exámen oral, que sea grabado, accesible y de cara a la sociedad. Quienes accedan al cargo sean los mejores puntuados y que tengan una revalidación periódica.

En segudno lugar, también proponemos un proceso distinto para el enjuiciamiento de jueces y fiscales. No es justo que si un juez o un fiscal ya sea culpable o inocente, tenga un expediente durante años en el Consejo de la Magistratura.

Los jurados de enjuiciamientos tienen que tener plazos determinados para que todos tengamos la confianza de que el juez tiene que decidir sobre nuestra causa, no tenga sospechas.

La tercera ley, tiene que ver con el mapa judicial. Al iniciar la gestión no contábamos con datos confiables sobre el funcionamiento de la Justicia en la Provincia.

Con la creación del Mapa Judicia pudimos conocer dónde está cada juzgado, cuántas causas tiene y el tiempo de resolución de cada causa; gracias a esta información encontramos muchas inequidades.

Encontramos juzgados donde se reciben 2 causas por semana, y otros que reciben 48. Enconstramos fueros que tienen 12 mil causas por año y otros con la mitad. Si el trabajo no es equitativo, los resultados tampoco lo son. Decimos que la Justicia es lenta pero no estamos distribuyendo la carga de tareas igual para todos.

En esta misma línea, se presentó un proyecto de ley para crear un nuevo Departamento Judicial en Pilar- Escobar, pero gracias a la información que tenemos en el Mapa Judicial sabemos que no había una jsutificación real y evitamos así la creación de juzgados innecesarios. El Mapa está en funcionamiento y proyectamos mostrarlo a toda la sociedad.

Como último, pero no menos importante, creemos necesarias dos leyes de reformas del Código Laboral y el Código Procesal Penal. Queremos garantizar la participación de la víctima durante todo el proceso judicial y agilizar los penales.

Hoy, los jueces no tienen la obligación de informarle a la víctima sobre las decisiones que toman y la detención de un acusado con condena puede ser frenada recurriendo a mecanismos procesales que permiten hasta siete recursos y habeas corpus.

Este reforma tiene como objetivo reducir la cantida de recursos para evitar ser encarcelado, y de esta forma acortar los tiempos de los juicios. Así mismo, las víctimas podrán conocer y participar en las decisiones que tome el juez durante todo el proceso judicial, como opinar sobre el otorgamiento de un juicio abreviado, asi como cuando a un delincuente se le otorguen beneficios (por ejemlo salidas transitorias o la libertad condicional). Si los jueces no permiten participar a la víctima cuando le corresponda, esos actos serán nulos.

Como dijo nuestra gobernadora, "a quien ha sido víctima sólo le queda la Justicia y es lo que le da sentido a lo que le pasó", y nosotros tenemos el deber de acompañarlos brindándoles una justicia que simplifique y no entorpezca los procesos.

La gobernadora tomó la iniciativa de dar una solución de fondo al problema con la Justicia. Ahora la responsabilidad está en el debate que se dará en la Legislatura. Los legisladores de Cambiemos estaremos a la altura de las circunstancias y sin duda nos harmeos eco de las demandas del pueblo de la provincia.

Por Juan Pablo Allan, senador provincial por Cambiemos.