En una medida controversial, el gobierno bonaerense a través del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, busca que las empresas de seguridad privada abonen los movimientos de recursos policiales ante el llamado de los dispositivos como las alarmas personales o vecinales.
Lo que busca el ministerio de Seguridad es imponer un monto a las empresas de seguridad para paliar el recurso estatal para el uso privado, algo que traerá polémica por la ley que ampara a las entidades de monitoreo.
Es que según la Ley 12.297, sancionada en 1999, las empresas tienen la obligación de poner el 911 entre los números de discado directo, aunque no dispone limitaciones por el uso de personal policial ni una cantidad de llamados que pongan límites a las salidas de patrulleros.
|Se producen casi un millón de alertas en todo el territorio bonaerense
Según anunciaron desde el ministerio de Seguridad, se producen casi un millón de alertas en todo el territorio bonaerense, donde un 40% de los llamados se realiza dentro de 38 distritos entre el Gran Buenos Aires y la capital provincial.
Si bien no hay certezas sobre el formato en el que se aplicará el uso del servicio, desde el ministerio de Seguridad están convencidos de avanzar sobre un impuesto o un gravamen a las empresas de seguridad privada, lo que puede impactar en un aumento del servicios para sus usuarios.
La retención de tareas en la Dirección Provincial de Catastro mantiene demorados trámites esenciales, afecta ingresos profesionales y multiplica operaciones sin cerrar. Crecen los reclamos por salarios y la falta de respuestas oficiales ante un problema que se arrastra desde febrero.
Con señales cada vez más directas, dirigentes alineados con Cristina Kirchner reafirman su liderazgo, cuestionan los intentos de autonomía del gobernador y reavivan la disputa por el rumbo electoral del espacio de cara a 2027.