Imputaron a cinco personas por lesiones a manifestantes en la marcha a Lago Escondido

La justicia de Río Negro imputó a Hugo Araneda, Graciela Hernández, Andrés Sains Antonin y a Nicolas y Enzo Puchi por "agresiones físicas a nueve personas y otras que participaban de la Séptima Marcha a Lago Escondido", realizada el pasado 1 de febrero, en inmediaciones del camino vecinal "Tacuifí", en el Paraje El Foyel, cercano a la localidad de El Bolsón.
Las acusaciones fueron comunicadas durante una audiencia realizada por la plataforma Zoom y se refieren a hechos ocurridos en una marcha organizada por la "Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua",
Según la información oficial, uno de los imputados, desde el portón de acceso a ese camino, "arrojó una piedra en dirección a una de las víctimas, ocasionándole lesiones de carácter leve".
A su vez, a Hernández se le atribuye "agredir físicamente a dos mujeres" cuando el resto de los manifestantes arribó a ese camino, momento en el que se produjo una discusión con pobladores de la zona.
Según la imputación, la acusada "continuó con la agresión, mientras se dirigió a un hombre que estaba tirado en el suelo y le tiró una piedra de gran tamaño, que le provocó fracturas en la tibia y el peroné de la pierna izquierda".
"Después, en el trayecto del camino vecinal cuando dos mujeres quisieron auxiliar al hombre que estaba herido, lo pateó y agredió a una de esas dos mujeres", se aclaró.
La información oficial, amplía que "otros de los acusados montando un caballo bayo, agredió físicamente a una fotoperiodista, tomando la correa de la cámara que llevaba, forcejeando hasta que se golpeó la cabeza en una piedra".
La imputación alcanzó además a Antonin y Puchi, que se habrían ubicado en el sector interno del camino vecinal, y "agredieron físicamente con golpes de puño y patadas en el cuerpo, provocando una fractura en la novena costilla derecha, lesiones de carácter grave", a la misma víctima.
Según se informó, todos los acusados fueron asistidos por defensores particulares.
El Juez de Garantías Ricardo Calcanio tuvo por formulados los cargos por los hechos que constituyen los delitos de lesiones leves y graves artículos 89 y 90 del Código Penal de la Nación, e impuso una medida cautelar de acercamiento a las víctimas por lo que dure el plazo de investigación de cinco meses, incluyendo la feria judicial. (Télam)