Autoridades venezolanas intervinieron otra carcel y dijeron que pondran alli una universidad

El predio del estado Trujillo en el que existe ahora una cárcel albergará pronto a una universidad especializada en cuestiones de Seguridad, anunciaron hoy autoridades de Venezuela, que intervinieron el penal en el marco de una serie de operativos para desarmar a las “mafias carcelarias”.
"El Internado Judicial de Trujillo está en total control", afirmó el ministro del Interior, almirante Remigio Ceballos, que reveló que el presidente Nicolás Maduro aprobó la propuesta del gobernador de Trujillo "para convertir este espacio en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad”.
“Es un gran logro, es un gran beneficio para la paz; se construirá una cárcel en otro espacio", indicó Ceballos, según el canal estatal VTV.
Los reclusos serán trasladados a otros centros penitenciarios tal como pasó en los demás penales tomados.
La cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, fue la primera tomada por las fuerzas de seguridad el 20 de septiembre. Desde el lugar, donde había hasta un zoológico con más de 200 animales, operaba el Tren de Aragua, una organización criminal con presencia en varios países de la región.
Le siguió Tocuyito, en Carabobo, la cárcel más poblada del país; Puente Ayala, en Anzoátegui; La Pica, en Monagas; y el Centro Penitenciario Vista Hermosa, en el estado minero Bolívar.
La población de estos seis penales superaba los 8.000 presos, según cifras oficiales: 1.600 estaban en Tocorón, 2.000 en Tocuyito, 1.511 en Puente Ayala, 1.496 en La Pica y 503 en el Internado Judicial de Trujillo, detalló la agencia AFP.
Maduro pidió aplicar un "régimen estricto" en estas cárceles. "Mano de hierro, máxima disciplina y un sistema penitenciario liberado de bandas", exigió.
En estos centros penitenciarios se encontraron arsenales de guerra que incluyen explosivos, granadas, armas largas y lanzagranadas, además de teléfonos celulares empleados por los reos para delitos como la estafa y la extorsión.
Durante años, las cárceles del país funcionaron como "centros de extorsión", delito ampliamente propagado en el país y que consiste en amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas en las que se exigen grandes sumas de dinero a las víctimas. (Télam)