La senadora Lorena Mandagarán rechazó enérgicamente la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, calificando de "conceptos medievales" los términos utilizados por el Gobierno. Aseguró que reflejan una visión arcaica sobre la discapacidad, alertando que "es el Estado el que debe derribar barreras sociales", no perpetuar criterios clínicos excluyentes. Además, destacó que la normativa sigue excluyendo a las personas con discapacidad en lugar de promover su inclusión real.
Videos - Entrevistas28 de febrero de 2025
Pamela Orellana
El uso de términos arcaicos y discriminatorios como "idiota", "imbécil" y "débil mental" en una resolución oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató un escándalo que obligó al Gobierno a retroceder. La senadora bonaerense Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal), quien también preside la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad en el Senado, expresó su "sorpresa" e "indignación" ante esta categorización que considera un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la legisladora cuestionó la versión oficial de que se trató de un "error", señalando que refleja la visión del Gobierno sobre la discapacidad. Además, advirtió que la normativa mantiene criterios clínicos obsoletos que perpetúan la exclusión en lugar de garantizar una verdadera inclusión social. Junto a otros legisladores, impulsa un proyecto de repudio y exige que se revise por completo el marco normativo para evitar que se sigan vulnerando los derechos de las personas con discapacidad.
-Como titular de la Comisión de Igualdad Real de Trato y Oportunidades y Discapacidad en el Senado, ¿cuál fue tu primera reacción al conocer la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad?
Yo tomo conocimiento a través del foro por la implementación de la Ley de Salud Mental, de la que también soy miembro. La verdad que nosotros ahí tenemos un grupo muy activo de mucho trabajo y tomo en realidad conocimiento a partir de que uno de los miembros del foro comunica esta noticia.
La primera reacción que fue de una sorpresa enorme porque era no poder creer que desde un estamento del Estado Nacional que se supone debe garantizar los derechos de accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas que enfrentan o que padecen problemas de salud mental y demás. Que tenga esa consideración o esa clasificación sobre las personas, primero fue de una sorpresa enorme, de no poder creer que estemos hablando en esos términos, términos que uno pensaba que ya no existían, y que uno ha trabajado enormemente para que esos términos no estén ni siquiera como concepto en un trato que se pueda dar.
Y segundo fue de un dolor inmenso pensar que tantos años que uno viene luchando, que uno viene trabajando por el respeto de los derechos humanos y dentro de estos, los derechos de las personas con discapacidad y con problemas de salud mental, que el Estado Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación se haga de una resolución en estos términos fue sinceramente un dolor gigante, de no poder en cierta forma reaccionar en el momento.
Creo que nos pasó a todos, y después obviamente que pudimos reaccionar y empezar a hacer estos repudios más visibles, más públicos, porque la primera acción de repudio uno la hace en el interior, entre los pares, entre quienes estamos hablando de estas cuestiones hace mucho tiempo.
-La Agencia argumentó que fue un "error" y que se modificará la resolución, ¿cómo analizas esta decisión de último momento?
No creo que haya habido ningún error, estamos hablando de que nace la comunicación, es la entidad que en cierta forma se supone idónea, preparada y formada en la accesibilidad de los derechos de las personas con discapacidad o de las personas que tengan que acceder a una pensión no contributiva por invalidez, que acá obviamente también engloba no solo a personas con discapacidad específicas, sino también con otras temporales, pero que esta entidad que se supone la defensora de los derechos de las personas con discapacidad, cometa este error tan grosero, no creo que haya sido tal.
Entiendo que ha sido la salida más elegante que se encontró a partir del repudio que se ha hecho manifiesto por distintos, no solo legisladores, sino también entidades como el foro por la implementación de la Ley de Salud Mental, y otras.
Creo que fue una respuesta a eso, dicen que van a modificar, pero sigue vigente esa resolución y ese anexo. Hasta tanto no se haga esa modificación la resolución sigue vigente en los términos que la plantearon, entonces creo que de ninguna manera han incurrido en un error, sino que lamentablemente este es el concepto que maneja el gobierno nacional, o cómo cree que deben ser calificadas las personas con discapacidad, en este caso psíquicas.
Me da mucho dolor y mucha indignación que nuestros referentes nacionales tengan este concepto tan arcaico, porque la verdad que escuchar esas palabras, ver esas palabras escritas, es retrotraernos a mucho tiempo atrás y con una carga de prejuicio gigante en esto de diferenciar lo funcional y lo disfuncional.
-Acompañás un proyecto de repudio en el Senado que no solo exige la revisión de la resolución, sino también un marco de protección más amplio para las personas con discapacidad.
Totalmente, porque aún nosotros lo que notamos también, independientemente de estos conceptos que han manejado, es que la normativa en su totalidad y el anexo, sigue manteniendo los criterios clínicos para establecer si una persona está en condiciones de percibir o no una pensión no contributiva por invalidez laboral, siguen pensando en cuestiones clínicas, y la verdad que ya también hemos hecho un gran trabajo con respecto a que hoy pensar en la discapacidad, y en esto también en el ámbito laboral, no tiene que ver con lo físico, con lo clínico, sino que tiene que ver con barreras sociales que todavía no hemos podido derribar, y que este tipo de reglamentación, con este tipo de ideas que está manejando el gobierno nacional, nada tienen que ver con el concepto social o con el paradigma social hoy de la discapacidad si siguen viendo que el problema es del otro, es la dificultad que tiene el otro, el otro es el distinto y el que no funciona, el que no es funcional.
Por eso tampoco creo que sea un error, porque independientemente de esos conceptos totalmente repudiables como están expuestos y manifiestos, la normativa en sí tiene un concepto errado de la discapacidad, y se siguen estableciendo parámetros desde lo clínico, desde lo biológico, cuando sabemos y estamos trabajando continuamente con el concepto de que las barreras son sociales, es el Estado el que tiene que empezar a convencerse de que tenemos que trabajar sobre las barreras de accesibilidad, que son puestas por el Estado, por la comunidad, no por la persona que está transcurriendo una discapacidad.
Creer que el que es distinto es responsable de su situación y entonces hay que descartarlo, pareciera ser el concepto, o sos funcional o sos disfuncional, y el disfuncional queda afuera, un concepto medieval que asusta.
La diputada del bloque UCR+Cambio Federal sostuvo que la responsabilidad de definir el calendario electoral recae en Axel Kicillof y que, hasta que no haya una convocatoria oficial, es imposible evaluar "la conveniencia o no" de suspender las PASO.
La administración del radical José Castro, en el ojo de la tormenta. Vecinos denuncian que hay barrios sin cloacas,agua corriente y asfalto; que las calles están intransitables, las luminarias fuera de servicio y la basura se acumula en distintos sectores de la ciudad. También reclaman por la falta de mantenimiento en plazas y espacios recreativos, y la creciente inseguridad.
San Antonio de Areco atraviesa graves problemas bajo la gestión de Francisco Ratto: el alcantarillado colapsó durante la última crecida, el hospital "se llueve", faltan trabajadores por salarios bajos y hay carencia de insumos. Además, las calles están llenas de baches, las tasas aumentan por encima de la inflación y los municipales viven por debajo de la línea de pobreza.
Arde la gestión de Ferraresi en Avellaneda, no solo por una crisis sanitaria sin precedentes, sino también por el agravamiento de las históricas inundaciones debido a la falta de cloacas, desagües y limpieza de calles, sumideros y arroyos. Advierten que "hay zonas donde faltan absolutamente todos los servicios".
El director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, fue desplazado tras la represión en la marcha de jubilados. El Gobierno desmiente vínculos con el operativo.
La imagen de Milei se desploma entre los jóvenes. Descubrí qué está pasando con la gestión del presidente según las últimas encuestas nacionales.
El 27 de marzo, ATE convocó un paro nacional por el vencimiento de 50 mil contratos estatales. El ajuste de Milei se enfrenta a una resistencia creciente.
