Denuncian a Arroyo Salgado por las detenciones de militantes peronistas
Recalde y Siley impulsaron el juicio político a la jueza por “mal desempeño” y “detención ilegal” de cinco personas tras un escrache a Espert.
Política04 de julio de 2025
Juan Manuel Villarreal
Arroyo Salgado
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada este jueves ante el Consejo de la Magistratura por ordenar la detención de cinco militantes peronistas acusados de participar de un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert en San Isidro.
La presentación fue impulsada por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes calificaron las detenciones como “arbitrarias” e “ilegales”, y solicitaron el juicio político de la magistrada por mal desempeño en sus funciones.
El operativo y las acusaciones
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio, cuando un grupo de personas arrojó bosta de caballo y colgó carteles con insultos frente al domicilio del legislador liberal. El mensaje más repetido: “Espert sos una mierda. Con CFK no se jode”.
La jueza Arroyo Salgado actuó con celeridad: ordenó la detención de cinco militantes —cuatro mujeres y un hombre—, quienes fueron incomunicados y trasladados a la cárcel federal de Ezeiza, pese a que el hecho, según los denunciantes, “como máximo, podría constituir una contravención municipal”.
Entre las personas arrestadas se encuentra Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y referente de La Cámpora, cercana a la intendenta Mayra Mendoza. También fue detenida Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense.
Completan la lista Aldana Muzzio, Candelaria Montes e Iván Díaz Bianchi, empleados y militantes territoriales.
Pedido de juicio político y apoyo institucional
La denuncia ante el Consejo fue presentada formalmente por Recalde y Siley, quienes argumentaron que la jueza incurrió en “detenciones arbitrarias”, “persecución política” y uso excesivo del poder judicial contra ciudadanos que realizaron “acciones simbólicas sin violencia ni daño a terceros”.
“El Gobierno nacional ha desatado una caza de brujas contra la militancia”, sostuvieron en un comunicado, en referencia a la causa promovida por Espert y respaldada públicamente por la ministra Patricia Bullrich.
La acusación señala también que las órdenes de detención incluyeron allanamientos a domicilios particulares y oficinas públicas —como el despacho de Mieri en la Municipalidad de Quilmes— lo que generó un fuerte repudio por parte de organizaciones de derechos humanos y del arco político opositor.
El CELS y la Procuración Penitenciaria piden la excarcelación
En paralelo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuración Penitenciaria de la Nación presentaron un pedido ante la Cámara Federal de San Martín para que los detenidos recuperen la libertad.
Solicitaron ser aceptados como amicus curiae en la causa, y señalaron que las detenciones son desproporcionadas, ya que los imputados tienen arraigo y ocupaciones estables, sin riesgo procesal de fuga ni entorpecimiento de la investigación. “El uso del derecho penal para disciplinar la protesta política es un grave retroceso institucional”, advirtieron las entidades.
Los delitos que les imputan
El Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro imputó a los cinco militantes por atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos, una calificación legal que desde el oficialismo consideran ejemplar y desde la oposición, una criminalización de la militancia.
La Cámara de Apelaciones deberá resolver la próxima semana si mantiene las detenciones o libera a los acusados mientras continúa el proceso judicial.
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