Un exmilitar condenado por genocidio declaro como testigo de la defensa de un imputado

Luis Ángel Firpo, ex teniente coronel del Ejército condenado por crímenes de lesa humanidad contra militantes montoneros en 1979 y 1980, declaró hoy en el juicio que se sigue a 16 represores por delitos cometidos durante la última dictadura militar en tres excentros clandestinos, a solicitud de la defensa de uno de los imputados.
Firpo, condenado a perpetua por el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín en el marco de la causa "Contraofensiva", declaró hoy ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los excentros clandestinos conocidos como Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.
En esos excentros estuvieron cautivas 600 personas, entre ellas 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio.
El genocida condenado fue citado a declarar a pedido de la defensa pública que representa a Carlos Fontana, uno de los acusados que tiene este proceso oral y público.
"Fontana era oficial del Batallón de Inteligencia. Se desempeñaba como jefe de la Sección Seguridad, que fue remontada a División cuando me hice cargo. Él me hizo el traspaso de la sección. Era mi oficial segundo en el mando y le daba instrucción al personal civil de Inteligencia", precisó Fontana en su declaración.
El exmilitar explicó que la división a cargo suyo y de Fontana "tenía la misión única y específica de dar protección a personas muy importantes que designaba el jefe del Batallón o el Estado Mayor".
Precisó que entre las personas que eran custodiadas estuvieron los exdictadores "(Alejandro ) Lanusse y (Juan Carlos) Onganía".
Firpo, exteniente coronel del Ejército que durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como jefe de la central de Contrainteligencia y jefe de la División de Seguridad del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.
El exmilitar resultó condenado en el 2021 a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín en la causa denominada "Contraofensiva", que juzgó casi medio centenar de secuestros, torturas y homicidios cometidos contra militantes montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980 para luchar contra la dictadura militar.
La defensa de Fontana preguntó a Firpo si el imputado, por sus funciones, "recorría dependencias policiales" y la respuesta del exoficial del Ejército fue negativa.
Antes que finalizara su testimonio, el abogado querellante Pablo Llonto preguntó al testigo si había sido condenado por delitos de lesa humanidad, lo que generó la oposición del defensor público pero finalmente el presidente del TOF 1, Ricardo Basilico consideró "pertinente" la pregunta por considerarla como de conocimiento".
"Si, y usted lo sabe porque estaba en el Tribunal", dijo Firpo al responderle a Llonto en relación a las audiencias del juicio de "Contraofensiva", pero luego negó haber sido sentenciado por la función que ejercía en el Batallón 601.
Uno de los jueces del TOF 1, Esteban Rodríguez Eggers, preguntó al genocida en qué momento calificó a Fontana.
El exmilitar precisó que lo hizo de diciembre de 1976 y en diciembre de 1977, y que estaba "destacado en el Destacamento de Inteligencia 101 y en comisión en el Batallón 601" pero que desconocía sus destinos anteriores.
También le preguntó si sabía que Fontana había sido condenado por algún delito y dijo escuetamente que "unos años después" se enteró que estaba "con perpetua", pero adujo "no tener idea de por qué".
Durante esta audiencia también declararon otros dos expolicías, a solicitud de la defensa del imputado Enrique Barre.
Se trata de Nicolás Hure y Ricardo Santos, quienes participaron en un curso para ascender a inspector de Policía, en la Escuela de Policía, que funcionó en la localidad de Bosques, durante la última dictadura militar.
Ambos testigos declararon que quienes participaban del curso estaban eximidos de concurrir a sus destinos.
El TOF 1, presidido por Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Bánfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno al exministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges y a los imputados Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.
También juzga a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro conocido como "El Infierno" también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el expolicía Miguel Angel Ferreyro.
El Tribunal también juzga los delitos cometidos contra ocho personas del colectivo trans que fueron secuestradas y torturadas en los excentros mencionados.
El juicio alcanza a 18 mujeres embarazadas que dieron a luz en cautiverio -a muchos de sus hijos/as los seguimos buscando- o que estuvieron detenidas en esos centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
(Télam)