Reclamo transversal: radicales y vecinalistas rompen filas y van contra Nación

Frente al Ministerio de Economía, intendentes radicales y vecinalistas de la provincia de Buenos Aires se mezclaron este martes con jefes comunales de todo el país para reclamarle en forma directa a Luis Caputo por la suba de los combustibles, el freno de la obra pública y el recorte de fondos nacionales. La escena dejó una señal política clara: el malestar por el ajuste ya no se limita al peronismo y empieza a sumar actores de otros espacios.

La movida, que reunió a más de 150 intendentes, tuvo un fuerte impulso desde la provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, amplió la convocatoria más allá del PJ. Según reconstruyeron desde los propios municipios, las invitaciones fueron cursadas de manera individual, lo que permitió la participación de dirigentes con diferencias explícitas con el gobierno nacional.

El dato político más relevante fue la presencia de intendentes radicales que decidieron sumarse al reclamo. Entre ellos estuvieron Emilio Cordonnier (Ayacucho), Martín Randazzo (General La Madrid), Miguel Gargaglione (San Cayetano) y Lisandro Hourcade (Magdalena), quienes compartieron escenario con dirigentes peronistas y funcionarios provinciales. 

A ese grupo se sumaron también dos jefes comunales vecinalistas con buen vínculo con la gestión bonaerense: Arturo Rojas (Necochea) y Gilberto Alegre (General Villegas). 

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La decisión de concentrarse frente al Palacio de Hacienda no fue casual. Los intendentes buscaron direccionar el conflicto directamente hacia el gobierno nacional, evitando que el costo político recaiga sobre las provincias. En esa lógica, plantearon que gran parte de los problemas que enfrentan los municipios —desde la falta de alimentos hasta la paralización de obras— dependen de decisiones tomadas en la Casa Rosada.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, articuló el reclamo y presentó un documento que, aunque no tuvo recepción formal por parte del ministro Luis Caputo, dejó planteado un escenario crítico para las administraciones locales.

Combustibles, obras frenadas y fondos retenidos

El petitorio presentado incluye una serie de demandas concretas que apuntan al corazón de la política económica nacional. Entre los principales puntos, los intendentes solicitaron retrotraer el precio de los combustibles a los valores vigentes al 1° de marzo, en un intento por amortiguar el impacto en los costos de transporte, logística y producción.

También reclamaron la reactivación de la obra pública financiada con el Impuesto a los Combustibles Líquidos, al tiempo que denunciaron la retención de fondos que deberían destinarse a infraestructura vial. Según plantearon, estos recursos son clave para sostener el funcionamiento de los municipios.

A esto se suma el pedido de revisar la disminución de transferencias nacionales y regularizar deudas pendientes con provincias y distritos. El trasfondo es un deterioro sostenido de las finanzas locales, que en los primeros meses del año registraron una caída significativa en los recursos coparticipables.

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Con intendentes e intendentas de todo el país hoy hicimos un reclamo federal: bajen el precio de la nafta y hagan las obras públicas.

Las rutas están abandonadas y los municipios no tienen recursos. Pero, para la timba financiera hay plata.

Le pedimos al presidente Milei que… pic.twitter.com/gySlj5VDrS

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 14, 2026

Desde los municipios advierten que el aumento de los combustibles —que, según datos oficiales, acumuló una suba superior al 500% desde el cambio de gobierno— repercute directamente en el precio de los alimentos y en la estructura productiva local.

“El freno total de la obra pública y el aumento de combustibles golpean fuerte a nuestra producción y al bolsillo de las familias”, advirtió el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, al describir el escenario que enfrentan los distritos.

En la misma línea, otros jefes comunales cuestionaron el esquema de recaudación nacional, especialmente en lo que respecta a los impuestos vinculados al combustible, que —según denuncian— no se traducen en mejoras concretas en infraestructura.

Emergencia social y presión sobre los municipios

El documento de la FAM también pone el foco en el impacto social del ajuste. Allí se señala que la demanda de asistencia alimentaria creció de manera sostenida en los últimos meses, mientras que los envíos de ayuda desde Nación se redujeron o directamente se interrumpieron.

La situación se agrava con dificultades en el acceso a medicamentos, interrupción de tratamientos y una creciente presión sobre los sistemas de salud locales. En ese contexto, los intendentes advierten que los municipios se convirtieron en la principal red de contención frente a la crisis.

En paralelo al planteo de los intendentes, el gobernador Axel Kicillof se alineó con el reclamo y profundizó sus críticas al gobierno nacional. “Estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones”, sostuvo ante dirigentes de distintas provincias.

El mandatario bonaerense también vinculó el aumento de los combustibles con el deterioro de la economía cotidiana y cuestionó la paralización de la obra pública, a la que consideró clave para el desarrollo productivo.

Pero más allá de la coyuntura económica, el posicionamiento de Kicillof tiene una lectura política más amplia. “No se trata solo de cambiar el elenco, sino de modificar el modelo”, afirmó, en una frase que apunta a proyectar el conflicto actual hacia la disputa electoral futura.

Un reclamo que empieza a reconfigurar el mapa político

La presencia de intendentes radicales y vecinalistas en la protesta marca un punto de inflexión en la dinámica política actual. Si bien el peronismo sigue siendo el principal articulador del reclamo, la incorporación de otros sectores sugiere que el malestar con las políticas nacionales empieza a consolidarse como un fenómeno más amplio.

En ese contexto, la estrategia de nacionalizar el conflicto por los recursos no solo busca respuestas económicas inmediatas, sino también reconfigurar el escenario político de cara a los próximos desafíos electorales.