Tras tres dias de paro civico nacional el Gobierno de Guatemala se pronuncio en contra

El Gobierno de Guatemala se pronunció hoy en contra de un paro nacional de los pueblos originarios y manifestaciones de amplios sectores sociales que lleva tres días consecutivos en defensa de la democracia, y advirtió que deducirá responsabilidad si ocurren fallecimientos por carencia de asistencia médica provocada por los bloqueos y cortes de rutas.
"El derecho constitucional a la manifestación pacífica no debe de atentar contra la integridad, el derecho a la vida ni en la libre locomoción de los guatemaltecos", advirtió el presidente, Alejandro Giammatei, en lo que fue su primer pronunciamiento en torno a las protestas, iniciadas el lunes pasado, consignó la agencia de noticias Sputnik.
Y agregó: "Estos derechos están siendo vulnerados con medidas de hecho que privan a la población de derechos elementales como acceso a la salud, obligando en algunos casos a exponer la vida de personas que necesitan acceder a atención médica de manera prioritaria al quedar varadas en las carreteras".
En su comunicado, el mandatario señaló que en caso de ocurrir fallecimientos por causa de los bloqueos de las rutas, "toda responsabilidad recae en quienes tomen estas medidas de hecho".
"De registrar pérdidas de vidas humanas por falta de acceso a centros asistenciales o debido a la carencia de médicos disponibles en centros de salud por imposibilitarse su movilización al quedar varados en puntos de bloqueos se deducirán las responsabilidades correspondientes", insistió.
Además, tras presentar un informe sobre logros de su gestión, que termina el próximo 14 de enero, Giammattei criticó por primera vez las protestas y el respaldo a estas del presidente electo, Bernardo Arévalo, y dijo que "no es forma de gobernar llamando a la gente a protestar e incitando a la violencia".
La dirección general de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que los pueblos originarios y campesinos mantienen cerrados al menos 21 tramos de transitadas carreteras como la Interamericana, así como las rutas que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, informó la agencia de noticias AFP.
Además, cerraron el paso al Puerto Quetzal, sobre el Pacífico, mientras en Ciudad de Guatemala policías mantienen acordonado el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante rumores de que los manifestantes pretendían tomar las instalaciones, según la Aeronáutica Civil.
El paro comenzó el lunes convocado por las autoridades ancestrales del departamento de Totonicapán, que representan una de las principales expresiones históricas de los pueblos mayas en defensa de sus derechos en contra del allanamiento de las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de agentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, el último viernes, para incautar actas de la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
El allanamiento duró más de 20 horas y decomisaron los principales documentos originales de los comicios generales como respuesta a denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral.
El procedimiento se da en medio de una serie de acciones de la Fiscalía contra el Movimiento Semilla de Arévalo, aunque el MP asegura que no está vinculado con esa causa.
Por los cuestionamientos al proceso electoral y por la causa contra Semilla por presunta falsificación de afiliaciones, el mandatario electo suspendió hace dos semanas el proceso de transición, que luego retomó, y denunció un intento de frustrar su asunción, prevista para enero.
La dirigencia de las organizaciones indígenas aún no ha reaccionado formalmente sobre el comunicado del Gobierno, pero sí han censurado el silencio de Giammattei sobre las acciones del MP contra el TSE, las cuales consideran un atentado a la democracia y un intento de golpe de Estado.
Asimismo, los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, el fiscal especial Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana, a quienes acusan de ser los principales promotores del intento de golpe de Estado para anular los resultados de las elecciones.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracia y la gobernabilidad de esta nación. (Télam)