La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó hoy a las autoridades que garanticen la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo, y de la vicepresidenta Karin Herrera, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía contra el Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), destinadas a impedir que asuman el poder el 14 de enero.
La máxima instancia judicial del país decidió advertirle al Congreso que garantice la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados, según indicó en un comunicado, tras acoger el recurso presentado en octubre por un grupo de abogados y ciudadanos para despejar de obstáculos judiciales el ascenso de Arévalo al poder, según reprodujo la agencia de noticias AFP.
La resolución, dictada a un mes exacto del cambio de mando, también protege la toma de posesión de la vicepresidenta Herrera, de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.
"Este Tribunal (...), por las circunstancias acreditadas, y siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, decidió otorgar el amparo definitivo", expresó la Corte.
La Corte había dictado un amparo provisional en octubre, pero el lunes abogados y ciudadanos encabezados por el constitucionalista Edgar Ortiz pidieron una "debida ejecutoria" luego de que el viernes la Fiscalía presentara una investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que éstas eran "nulas".
"Estas disposiciones se emiten bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes", agregó la Corte.
Asimismo, instó al presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, a "promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso", mientras que también afirmó que es necesario que toda autoridad "actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral".
"Lo decidido es sin perjuicio de las facultades de investigación, persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales", sostuvieron, según consignó la agencia de noticias Europa Press.
Guatemala se ha visto sumergida en una grave crisis institucional después de que la Fiscalía señaló que las elecciones presidenciales que arrojaron como vencedor a Bernardo Arévalo eran "nulas".
El socialdemócrata Arévalo, un sociólogo de 65 años, quien debe asumir la presidencia el próximo 14 de enero, sostiene que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, busca evitar que asuma el poder porque poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
El Tribunal Electoral de Guatemala informó que los resultados de las elecciones "están oficializados y son inalterables" pese a los intentos del Ministerio Público para anularlos. (Télam)
